“Si no hay justicia para el pueblo, que no
haya paz para el gobierno”
Emiliano Zapata
La antigua pregunta bíblica, tiene una sola respuesta:
El Estado macrista tiró la primera piedra de:
-Una deuda externa impagable, que aumenta minuto a minuto, y que ha de pagar el pueblo, como siempre ha ocurrido, porque quienes la contraen y se benefician de jugosas comisiones, quedan indemnes ante una justicia corrupta, bañada en el linchamiento mediático de todo militante popular.
-Silenciar todas las voces que pudieran representar otra visión de la realidad, acorde con la mirada de los sectores sociales más vulnerables de la sociedad y, al mismo tiempo presentarse ante los medios, como defensores de la libertad de prensa.
-Provocar, con sus políticas económicas, una millonaria e insaciable transferencia de ingresos desde los trabajadores, jubilados, pensionados, niños y niñas pobres -que hoy constituyen el 48% del total- hacia los conglomerados empresariales más concentrados que, además, evaden impuestos y fugan divisas a granel.
-Violentar toda juridicidad, abusando de los decretos, inclusive para intentar nombrar Ministros de la Corte, cooptar a la justicia penal federal, y perseguir ilegalmente a todo dirigente opositor y, hasta ponerlo preso, sin condena, y, en algunos casos sin indagatoria. Semejante accionar recuerda los más duros años de la dictadura militar.
-Pretender erigirse en adalides de la moral, cuando el Presidente Macri, sus empresas y su familia, además de ser contrabandistas de autos, han estado involucrados en cuanto negociado se realice con el Estado. Con la tristemente célebre “patria contratista”, desde la dictadura, cuando multiplicaron varias veces su cantidad de empresas y su fortuna, hasta hoy, cuando por decreto y violando la ley sancionada en el Congreso de la Nación, facilitó la legalización de los delitos de lavado de dinero y de evasión fiscal hacia paraísos fiscales a parientes y amigos suyos y de los miembros del su gabinete
- Condenar la corrupción desde el discurso, mientras en los hechos los miembros más connotados del gobierno macrista –y la multitud de sus parientes designados por ellos en elevados cargos públicos- desde sus puestos en el Estado adoptan de manera cotidiana medidas dirigidas a otorgar beneficios a sus empresas, vaciar empresas públicas y defraudar al Tesoro Nacional autocondonándose deudas, otorgándose obras públicas y compras multimillonarias sin licitación ni control. Uno de los casos más patéticos y vergonzosos es el del Ministro de Energía, Juan José Aranguren, representante de los intereses de Shell. Tras la investidura de Ministros, Secretarios y Subsecretarios actúan como una banda de delincuentes económicos.
- Generar una masa de cientos de miles de desocupados y excluidos, mediante despidos masivos de empleados públicos y el vaciamiento de planes, programas y organismos, la apertura irrestricta del mercado interno a las importaciones y la creación de condiciones de inviabilidad para muchísimas pequeñas y medianas empresa, con el cierre de las mismas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
- Promover la precarización laboral y arrasar con los derechos y conquistas sociales de trabajadores y trabajadoras logrados con decenas de años de lucha y merced al peronismo, retrotrayéndonos a la época de la “Década Infame”.
Ante políticas retrógradas, dirigidas a favorecer los negocios de los miembros del Gabinete y de los grupos más concentrados de la economía y depredar la Nación mediante el saqueo liso y llano de sus riquezas, la única salida que el Gobierno Nacional -y varios gobiernos provinciales satélites- ofrece es la más violenta y salvaje represión de la que se tenga memoria, en una democracia.
El saldo de dos años de estas políticas de la más rancia derecha conservadora neoliberal y sus históricas prácticas violentas, es la de dos jóvenes luchadores sociales, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por las fuerzas de (in)seguridad conducidas por la Ministra Bullrich –jefa y encubridora de criminales de lesa humanidad- y cientos de heridos, amenazados, golpeados y ultrajados por la represión, en complicidad permanente con los oscuros fondos de la criminalidad.
Los escribas oficiales pagados por el Gobierno, en sociedad con los medios de comunicación social más concentrados del mundo, invisibilizan los efectos atroces de las políticas del mismo, así como su poder despótico y violento, criminalizando la protesta social, con el objetivo de disciplinar a la sociedad por el miedo. De las movilizaciones y protestas más multitudinarias de los últimos años, sólo destacan los desmanes producidos por infiltrados –ocultando que, en su mayor parte son de las mismas fuerzas de seguridad vestidos de civil- para contrarrestar el efecto concientizador del pueblo, que de manera organizada o espontánea participa de las mismas en paz.
En complicidad con un sector de la justicia corrompido -y que, en oscuras épocas supo dar cobertura a la dictadura genocida a la cual muchos de sus miembros añoran- han desencadenado una persecución violenta e inconstitucional de los dirigentes políticos del anterior gobierno.
Hoy la Argentina ostenta en los medios del mundo y en los organismos internacionales, el triste trofeo de ser señalada como país con presos políticos y en el cual se vulneran los derechos humanos. Desde la CIDH, hasta las Naciones Unidad, Amnesty Internacional, Human Right Watch y medios de prensa tan irreprochables de parcialidad (The New York Times, The Guardian, de Londres, El País, de España, Le Monde, de Francia y otros) destacan, tanto la corrupción del Jefe de Gobierno y su gabinete, como la falta de independencia de los poderes Legislativo y Judicial, sometidos al arbitrio de un Poder Ejecutivo absolutista. Se asombran estos medios de que el “caso de los Panamá Papers”, no haya motivado el juicio político y la remoción del Presidente, tal como sucedió en casos semejantes, o aún menos graves, de otros países.
Esta persecución comprende, no sólo a figuras del gobierno nacional anterior sino que ahora se dirige a intendentes insumisos (como el de Ensenada, Mario Secco) ya sea inventando causas jurídicas con amenaza y abuso de la figura inconstitucional de “prisión preventiva”, como, con los allanamientos ilegales a instituciones educativas y sociales y, de manera más reciente, la golpiza brutal y el robo en su propia casa al Concejal del partido de San Martín, Hernán Letcher.
En esta oleada de violencia y revanchismo odiador, típica de las oligarquías, dos mujeres –¡oh…casualidad!- encabezan la lista. Una de ellas, Milagro Sala, luchadora social, indígena del empobrecido feudo jujeño del Gobernador Gerardo Morales, inconstitucionalmente presa desde hace más de dos años, hecho que ha motivado movilizaciones y declaraciones de protesta a nivel nacional e internacional. La otra, Cristina Fernández de Kirchner, ex Presidenta de la Nación que, desde su joven militancia hasta el día en que dejó el Gobierno, trabajó de manera sostenida por los derechos de los trabajadores, las mujeres y los oprimidos por diferentes motivos, desencadenando -como era de esperarse- la furia del poder oligárquico asentado en el trípode, político-mediático-judicial. Perseguida política con acusaciones tan falaces como absurdas -por parte de un juez con un prontuario que envidiaría cualquier condenado a cadena perpetua- la ex Presidenta persevera en la lucha sin perder su proverbial lucidez.
No olvidamos en esta síntesis a los 44 submarinistas muertos en un oscuro episodio, donde no puede descartarse, ni el torpedo gringo o pirata, ni la falla anunciada y reiterada por ocho llamados de un teléfono celular pidiendo auxilio a su base, efectuadas desde el submarino e ignorada, hecho atroz en el que destaca a todas luces la irresponsabilidad del poder político que –supuestamente- conduce a las Fuerzas Armadas, el mismo Presidente de la Nación y su Ministro de Defensa Oscar Aguad (apodado “el milico” por su amistad con reconocidos genocidas y sus escasas dotes políticas). Otro crimen que se tapa con el encadenamiento de “noticias” presentadas como “escándalos”, donde unas se usan de manera sucesiva con otras, para enmascarar las atrocidades de las políticas que, en todos los (des)órdenes, despliega el actual gobierno. La secuencia constante que observamos es: a) anuncio de medida impopular; b) escándalo mediático por hechos reales o inventados del pasado y c) persecución y encarcelamiento de algún dirigente opositor, con aviso previo a los medios y amplio registro de despliegue bélico por las cámaras. Algunos se ejecutan en horas de la madrugada y los apresados son exhibidos descalzos y en pijama, en otros se apela al uso de retroexcavadoras en las inmediaciones de las viviendas de los futuros presos, y en otros al registro de cámaras de seguridad de “cuevas” cambiarias mostrando personas contando pilas de dólares, que pueden pertenecer a cualquier empresario dedicado a esos menesteres y así de corrido. La espectacularización de estos montajes mediáticos apela al relato en off de opinadores seriales al servicio del Gobierno y música de fondo de film negro hollywoodense. ¿Qué es esto sino violencia?
Advertimos que la violencia del Estado Macrista, ejercida de manera simbólica desde el discurso que inculca la “pedagogía del odio”, replicada por los medios a su servicio (todos), por sus políticas anti-pueblo y físicamente, por fuerzas de seguridad armadas y cebadas para el exterminio de todo atisbo de oposición o, simplemente, de libertad, es la causante de un estado de malestar social que, de proseguirse con estas prácticas, ha de desembocar en una situación semejante a la de un pasado ominoso que la sociedad se ha comprometido NUNCA MAS reiterar.
Debe destacarse que, de ningún modo, las violencias que no respetan la vida son justificables, pero tampoco son equiparables. La mayor responsabilidad, en todos los casos, cabe al Estado y cuando ellas tienen lugar ponen en evidencia la incapacidad de la política y de quienes ejercen cargos públicos dirigenciales para resolver los conflictos y tensiones existentes en la sociedad.
La desmesura creciente de la violencia en la Argentina de Macri es directamente proporcional a la incapacidad de la política para resolver las necesidades, conflictos y demandas de la sociedad de manera dialogada. Una sociedad que ha sufrido las más lacerantes experiencias que, aún con el despliegue mediático-marketinero que pregona una “revolución de la alegría” que solo nos trae angustia y tristeza, no olvida ni perdona las injusticias y los crímenes de sus verdugos.
Martín Fierro dice que “no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte”. Y, “el tiempo es sólo tardanza de lo que está por venir”.
Agrupación Vagos y Vagas Peronistas
23 de diciembre de 2017.-
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