ESPAÑA RETROCEDE CUARENTA AÑOS, POR FLOR RAGUCCI (DESDE BARCELONA, PÁGINA12, 02/07/15) Atención Argentinos este combo legal viene con Macri, y no nos engañemos son los gringos.

La Ley de Seguridad Ciudadana que ayer entró en vigencia impone multas de hasta 30 mil euros por manifestarse sin autorización, marchar frente a la sede del Congreso, grabar a la policía o colgar una pancarta en edificios públicos.

Hoy entra en vigor la ‘Ley Mordaza’ así que a las doce acuérdense de cambiar el calendario, estamos en 1965.” Con mensajes de WhatsApp como éste, muchos recibían en España la noticia de que la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en solitario por el Partido Popular (PP) el pasado marzo dejaba de ser una amenaza para convertirse en realidad. La norma –que impone multas de hasta 30 mil euros por manifestarse sin autorización, marchar frente a la sede del Congreso, grabar a la policía o colgar una pancarta en edificios públicos– supone “una de las leyes más represivas de la historia reciente del Estado español”. Así lo declaraban ayer los convocantes a una de las protestas que en treinta ciudades tuvieron lugar para mostrar su rechazo a la nueva reglamentación.

Madrid permaneció “amordazada” en las proximidades del Congreso de los Diputados, donde cientos de personas se congregaron con las bocas tapadas como símbolo de la pérdida de libertades que entienden que supone esta ley. También en Barcelona la plataforma No Somos Delito y la campaña ciudadana #SinMordaza sacaron a la calle su protesta por lo que consideran la implantación de un “Estado policial”, como señalaron los asistentes, y la Red Ciudadana por el Derecho a la Información y la Comunicación (DIC) organizó una mesa redonda en el Colegio de Periodistas para discutir los efectos de la norma sobre la libertad de expresión.

Miguel Angel Soto, portavoz de Greenpeace y uno de los ponentes, manifestó –desde su experiencia como activista en causas medioambientales– su alarma no sólo por la entrada en vigor de la “Ley Mordaza”, sino también por la reforma del Código Penal que el gobierno de Mariano Rajoy también aprobó sin ningún apoyo y que, entre otras cosas, convierte infracciones penales en sanciones administrativas, a la vez que elimina la diferencia entre la resistencia pacífica y no pacífica. “Nosotros antes dependíamos de un juez y ahora nos vamos al control administrativo, perdemos el derecho a la tutela judicial y son las fuerzas de seguridad las que toman la palabra”, explica Soto. “Esta ley castiga algo que puede llegar a ocurrir, si la policía interpreta que tú estás haciendo algo que podría derivar en infracción, te penaliza. Pasamos de ser sujetos de derecho a ser sujetos de sospecha”, denuncia.

Para los activistas de Greenpeace, la aplicación de la norma de Rajoy supone un fuerte recorte en sus ámbitos habituales de acción, ya que estará prohibida la escalada de edificios y los aeropuertos, la televisión, los medios de transporte o las centrales térmicas –lugares donde la organización suele denunciar irregularidades medioambientales– pasarán a ser espacios vetados para la protesta. “Ahora tenemos que tener un fondo para pagar multas porque, a partir de este 1º de julio (por ayer), si queremos hacer algo ¡corremos el riesgo de fundirnos!”, alerta Soto.

En la mesa redonda celebrada en Barcelona estuvo también presente Amnistía Internacional (AI) y su responsable de comunicación, Dani Vilaró, expuso las conclusiones a las que el organismo llegó tras dos años de monitoreos de las protestas en España. En el informe presentado por AI en el 2014 –“España, derecho de protesta amenazado”– se documenta que ya antes de la redacción de la “Ley Mordaza” había en marcha un proceso de limitación de los derechos de reunión y manifestación. “Detectamos muchísimas sanciones a los manifestantes, un uso excesivo de la fuerza y abuso del material antidisturbios, detenciones masivas y arbitrarias y declaraciones que buscan criminalizar los nuevos movimientos sociales como las PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) y los escraches”, advierte Vilaró. “El gobierno español modifica ahora la Ley de Seguridad Ciudadana, pero ya sus prácticas incumplían los tratados internacionales que consagran como fundamental el derecho a la libre expresión y manifestación”, dice Vilaró. Y puntualiza: “Realmente este derecho es fundamental porque muchos otros se consiguieron gracias a poder manifestarse y reunirse”.

Tanto a Amnistía Internacional como a Greenpeace les preocupa, sobre todo, la limitación de los lugares en los que se puede hacer manifestación, como clara respuesta del partido de Rajoy a las protestas de los indignados frente al Parlamento y en las plazas. “La Constitución no obliga a solicitar autorización previa a una marcha y ahora esta ley sí. Es el colmo, ya lo único que falta es que tengamos que ir a un manifestódromo para manifestarnos”, reclama Soto, de Greenpeace. “Justamente una de las cosas que dice la legislación internacional es que el derecho a la manifestación no sirve si se hace a medio kilómetro de allá donde tiene que escucharse la protesta”, agrega el representante de AI.

“¿Era necesaria una ley como ésta? ¿Había un problema de seguridad grave en el Estado?”, se preguntan los asistentes a la charla. La respuesta es unánime: “No. Estas sanciones son totalmente desmesuradas en comparación con las faltas”. Según Amnistía Internacional la nueva norma está hecha con el objetivo de darle más poder a la policía y, en consecuencia, menos garantías a la ciudadanía “para evitar que se repita todo lo que han visto que empezaba a pasar a raíz de sus políticas de austeridad”.

Los periodistas también dejaron constancia en la mesa redonda de las limitaciones que a partir de ahora sufrirá su labor. La ley prohíbe el uso no autorizado de imágenes o datos personales de las fuerzas de seguridad o instalaciones protegidas, por lo que la policía podrá requisar las cámaras y sancionar al profesional. “La limitación a las grabaciones de agentes de la policía durante el ejercicio de sus funciones, claramente quiere evitar la publicación de imágenes que hemos visto en las últimas manifestaciones y que han sido pruebas fundamentales para denunciar el uso excesivo de la fuerza”, alerta Xavier Sitjà, miembro del Consejo de Informativos de Televisión Española (TVE).

“Esta ley es otro paso para reprimir el derecho a la información, el cual –de todos modos– ya está sufriendo serias amenazas con las famosas ruedas de prensa sin preguntas o las ridículas intervenciones del presidente Rajoy a través de un plasma”, apunta Sitjà.