ACERCA DE LA DENSA HISTORIA DE UNA CIUDAD PUERTO por Hugo Chumbita * para Vagos y Vagas Peronistas

 

Pienso en la pandemia como una amenaza del mundo exterior cernida sobre al territorio que habitamos. Tengo la impresión de que es una reacción de la naturaleza ante las agresiones al ecosistema perpetradas por la especie humana, que va convirtiéndose en una plaga para nuestro planeta, con su desmedida concentración de riqueza y poder en el hemisferio norte y los abusos que se cometen contra las demás especies. Pero dejando el asunto para que lo respondan quizás las ciencias y la filosofía, en un enfoque histórico más acotado, si vemos la pandemia como un castigo que viene de afuera, parece una metáfora del destino del país desde que se creó el Virreinato del Río de la Plata.

 

          Quiero recordar que la Argentina se modeló a partir de entonces como un embudo, con un puerto-puerta destinado a abrir esta región al intercambio con la metrópoli, al cual arribaban y del cual partían los galeones trayendo vituallas y esclavos para llevarse el oro y la plata del Potosí; un comercio que fue variando para extraer después los cueros y lanas, más adelante las carnes y granos, mediante la construcción de la tela de araña ferroviaria que traía las manufacturas de Europa y arruinaba las bases de la industria local.

 

          Esta cabeza de Goliat fue creciendo exponencialmente con las oleadas de trabajadores inmigrantes que bajaban de los barcos, más los otros que vinieron de tierra adentro. El siglo veinte conmovió el reinado de los ganados y las mieses, la crisis mundial del capitalismo alteró la ecuación agroexportadora y el crecimiento se encaminó con la industria nacional, pero el tejido de la dependencia se reconfiguró con el ingreso de más capitales multinacionales y el tráfico de otras mercaderías e insumos. Hasta la era actual, en que los avances tecnológicos han ido removiendo los muelles y la ciudad capital es más que nada un puerto virtual, siempre en la función de intermediario, como sucursal de las corporaciones y las redes financieras globales: el mostrador donde se despachan los grandes negocios.

 

          La historia de la ciudad está llena de acontecimientos memorables que la enaltecieron, desde la expulsión de los invasores británicos y el alumbramiento revolucionario de la república; aunque también la gran aldea fue asediada por los levantamientos de las provincias que reclamaban compartir los frutos de la emancipación, en una larga disputa que culminó implantando el retaceado sistema federal. En la etapa de las guerras civiles los propósitos unitarios fueron derrotados, pero la ciudad contaba con los recursos de la hegemonía mercantil para mantener sus privilegios.

 

          Después de Caseros se segregó para formar un Estado aparte, y después de Pavón se mantuvo como capital de la provincia bonaerense, hospedando graciosamente al gobierno nacional. Los intentos de poner la capital en el interior fueron vetados por el sanjuanino Sarmiento, y en 1880, cuando la ciudad albergaba unas 80.000 almas, Buenos Aires fue finalmente nacionalizada, venciendo la resistencia en armas del bando mitrista a costa de más de 3.000 muertos. Para que fuera, como dijo entonces el diputado José Hernández, el lugar de encuentro y armonía de provincianos y porteños, donde fraguara “el espíritu nacional”. Np fue posible, porque continuó siendo el reducto de la dominación oligárquica.

 

          Frente al orgulloso bastión elitista que miraba hacia afuera, una y otra vez se alzaron las demandas por rectificar el rumbo, que tuvieron mayor eco en los  pueblos interiores y en las orillas circundantes, en el cinturón fabril donde acudieron a radicarse los migrantes de las provincias. Un día de 1945 esas masas obreras de pigmentación más oscura inundaron las calles y la plaza, sorprendiendo a quienes las ignoraban y comenzaron a verlas como una peligrosa marea que ascendía de los suburbios.

 

          A la capital federal se la había dotado de un régimen municipal especial, con el intendente designado por el presidente y un Concejo Deliberante electivo, además de elegir senadores y una cantidad de diputados nacionales –llegaron a sumar un tercio de la Cámara− que le conferían peso importante en el Congreso. La composición social de la urbe tenía sus rasgos diferenciales que se reflejaron en el escenario político, como fue el caso de la inserción electoral de los socialistas, que alguna vez alcanzaron mayoría en los comicios capitalinos. Las cosas cambiaron con el advenimiento del peronismo, aunque la capital resultó ser el distrito donde su mayoría no era tan holgada, y los radicales se aproximaban a empardar el caudal de sufragios peronistas, por lo que las circunscripciones uninominales de la ley de 1951 se trazaron de modo que el voto de los barrios populares compensara el de los de más categoría.

 

          En la evolución posterior, la población de la ciudad quedó estancada en casi tres millones, mientras en las zonas linderas de jurisdicción provincial seguía creciendo el conurbano, donde habitan hoy unos doce millones de personas; numerosos municipios a los que se fueron desplazando las fábricas y puertos, nuevas actividades productivas,  villas precarias y barrios residenciales cerrados, en un proceso espontáneo, desordenado y en gran medida anómalo, Una megápolis que encierra grandes disparidades de nivel de vida e infraestructura de servicios, con ventajas para el distrito capital por sus recursos públicos, que es difícil corregir en esta acompleja configuración política.

 

          Agotado el ciclo de las dictaduras militares en el que regía la arbitrariedad de facto, volvieron al primer plano las deliberaciones sobre el sistema político. Se planeó reformar la Constitución, y el multipartidario y multisectorial Consejo para la Consolidación de la Democracia del tiempo de Alfonsín propuso, entre otras medidas, mudar la capital a los umbrales de la Patagonia y crear entonces una nueva Provincia del Río de la Plata que abarcara la ciudad porteña y el conurbano bonaerense, Era un plan de trascendencia geopolítica, que apuntaba por un lado a instalar el gobierno nacional en un lugar distante de la base tradicional de los “poderes fácticos”, y por otro lado integrar y equiparar el núcleo capitalino con sus prolongaciones de la periferia metropolitana.  

 

Pero tales ideas fueron dejadas de lado en el Pacto de Olivos que condicionó la reforma constitucional, reduciendo el tema a la elección popular del intendente. Parecía pues una forma de restar algo a la omnipotencia presidencial y crear un cargo ejecutivo que tal vez no pudiera ganar el peronismo.

 

Los términos fueron variando en otro sentido en el trámite de las Coincidencias Básicas de los dos partidos mayoritarios y en la Convención Constituyente de 1994. El punto de la elección del intendente se amplió hasta concebir un Estado-ciudad autónomo, a medias municipal y provincial, con su Legislatura y su Estatuto organizativo, donde el ejecutivo pasaba a titularse jefatura de gobierno. Se desecharon las numerosas objeciones de forma y de fondo formuladas en los debates por quienes alegaban que la capital “es de todos los argentinos” y advertían previsibles conflictos de competencia. En prevención, una cláusula constitucional estableció que por ley del Congreso se garantizarían los intereses del gobierno nacional mientras la ciudad fuera capital federal.

 

En efecto, en 1995 so dictó la Ley Cafiero, por la cual el Estado nacional se reservó diversas instituciones y facultades, incluso la justicia ordinaria y atribuciones de seguridad policial, circunscribiendo las funciones judiciales de la ciudad a los asuntos vecinales, contravenciones y casos contencioso-administrativos y tributarios locales.

 

          Pero los trabajos del parto de la Ciudad Autónoma continuaron tratando de darle mayor rango a la creatura. En 1996, la primera elección de sus autoridades mostró el predominio en el ámbito porteño de las dos alas de la Alianza, la UCR delarruísta y el Frepaso, que protagonizaron la elaboración de sus instituciones. La Legislatura Estatuyente se autodenominó “Convención Constituyente” y al estatuto lo llamaron Constitución para jerarquizarlo, según declaró la presidenta de la asamblea Fernández Meijide. El texto incluyó una extensa declaración de derechos ciudadanos y reguló los tres poderes orgánicos excediendo los límites de la Ley Cafiero, con una cláusula transitoria según la cual las disposiciones que sobrepasan las limitaciones de aquella ley tendrán aplicación cuando “una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia”.

 

          A partir de allí, los gobiernos porteños comenzaron a disputar y absorber competencias, rebajando a la vez sus previstas alcaldías municipales a meros centros administrativos, y aumentaron los recursos propios y delegados por la Nación. Fue también notoria una orientación política diferenciada del resto del país. En esta ciudad hizo su carrera política ascendente De la Rúa, y comenzó a tramarse el engendro macrista, fiel expresión del avance de los intereses de la “patria contratista” sobre la gestión directa del gobierno, obediente a los dogmas neoliberales para seguir privatizando el patrimonio común e imponer el libre albedrío de la especulación financiera y la prepotencia de los consorcios exportadores  En este contexto ha podido cosechar votos, por ejemplo, una candidata impresentable en su provincia natal, y pueden medrar políticamente los gurúes de la city que saltan del sector privado al sector público y van y vuelven con las mismas recetas para servir a sus mandantes.

 

          Y estalló la pandemia, una calamidad que se derramó desde el norte, que encontró desunidos a los países suramericanos, y desde el norte también nos venden a alto precio los remedios. La peste puso de resalto el absurdo de una política sanitaria o anti sanitaria dividida por la avenida General Paz, a la par que ponía en evidencia los lazos de circulación del trabajo y servicios mutuos entre las áreas contiguas de la región metropolitana, en permanente y necesaria interrelación. Quedó expuesta asimismo la pretensión inadmisible del actual gobierno porteño de desacatar leyes nacionales impunemente, priorizando intereses mercantiles por sobre la protección de la vida humana  

 

          Hay que estudiar el gran diseño territorial de la nación, y aunque es dudoso que el traslado de la capital sea la solución de los problemas que arrastra nuestra estructura social y económica, sin duda la integración del complejo metropolitano, retomando la discusión de aquella idea de una nueva provincia rioplatense, podría conducir a una distribución equitativa de los recursos y a la reconfiguración política de esta parte central del país. Para que la puerta al mundo no sea la cabecera de playa del capitalismo global ni la sede de una clase dirigente de espaldas al interior, sino una ciudad recuperada para la política nacional, en sintonía con las necesidades del conjunto de la sociedad, como fue el espíritu de su federalización que proclamara José Hernández: una ciudad de todos y para todos nosotros, los argentinos.

    

*Historiador, abogado y docente

LA INFLACIÓN ES UNA PESADILLA ETERNA, Por Hugo Chumbita (") para Vagos y Vagas Peronistas

No hace falta explicar a nadie las calamidades que apareja la inflación, un fenómeno que perturba cualquier actividad productiva y nuestra vida cotidiana, licuando el poder adquisitivo de la moneda, acarreando un persistente malestar y un infinito derroche de energías sociales. ¿Por qué este flagelo constante para los argentinos?

            Los lectores podrán percibir que soy historiador, no economista, y tal vez me agradecerán que trate de traducir y simplificar la terminología de los especialistas para llegar a cierta interpretación de los problemas que vivimos. Observemos ante todo que la inflación es un problema de precios, o sea de dinero, que está hoy estrechamente ligado al valor del dólar, como un símbolo de la dependencia económica del país. Pasando por alto la compleja historia anterior de inflaciones y deflaciones en la Argentina, veamos cómo esto empezó a convertirse en un dolor de cabeza recurrente.

En la década del primer peronismo, según las técnicas usuales para medir la inflación, fue del 206 %; por lo tanto, lo que en 1946 costaba 100 pesos aumentó a unos 300 pesos en 1955, mientras el dólar, que cotizaba a 4 pesos, pasó a costar algo más de 30 pesos. A lo largo de las dos décadas siguientes, el índice inflacionario y el dólar, siguieron en ascenso continuo, con agudos saltos y vaivenes que sería engorroso detallar. Hasta la dictadura del Proceso, que en siete años y medio sumó una inflación de casi 2.000 %; la cual fue heredada por el gobierno de Alfonsín, durante el cual se aceleró en números redondos a un 4.800 %. En estas etapas, las redenominaciones de la moneda nacional tornan confuso seguir la evolución del dólar, cuya unidad en 1989 equivalía a unos 500 pesos de entonces. 

 

El caso es que con los saltos hiperinflacionarios, en el período menemista la inflación llegó al 2.400 %, aunque en 1991 se logró frenarla con la convertibilidad (1 dólar=1 peso); de tal manera que, hasta en el bienio de De la Rúa, el índice se redujo a cero. Claro que, tras el colapso del 2001 y la salida de la convertibilidad, la inflación –y la suba del dólar− se reanudó lenta e inexorablemente. En doce años de los Kirchner tuvimos 281 % de inflación, y en lo que va del gobierno de Macri ya está superando el 200 %, con el dólar trepando a las nubes.

            ¿Quién tiene la culpa? El gobierno, dice el sentido común. Retrospectivamente, el elenco del gorilismo culpa a Perón. La ortodoxia monetaria atribuye la inflación a la emisión de billetes. Los economistas neoliberales ven las causas en la lucha de los sindicatos, la voracidad impositiva o el déficit fiscal. Otros economistas señalan la puja por las rentas o los ingresos entre diversos actores sociales. Los empresarios le echan la culpa al Estado, los partidos de izquierda a la especulación capitalista, mucha gente se lo reprocha a los comerciantes, la derecha lo achaca al populismo, y en particular los voceros macristas se disculpan endilgándola a la política de los últimos 70 u 80 años. Casi todos ellos tienen alguna cuota de razón, sin agotar la explicación del enigma.

            En efecto, la problemática inflacionaria y su actual conexión con el dólar se remontan a la década de 1940 y al desarrollo industrial del peronismo. Sin duda el crecimiento de la industria produce trabajo, plena ocupación, mejores salarios y bienestar social, pero también hay que advertir que, en un país como el nuestro, configuró una “estructura productiva desequilibrada”. Con algunos antecedentes que salteamos, esta noción fue acuñada por el ingeniero Marcelo Diamand, un empresario experimentado que se dedicó a los estudios económicos, a quien tuve el placer de conocer y escuchar. Su planteo no es difícil de comprender y proporciona una buena explicación, entre otros misterios de las economías periféricas, al tema que nos preocupa: nuestra estructura productiva padece un desequilibrio, debido a las distintas velocidades de productividad de dos sectores principales, el agro y la industria. El agro vende alimentos al exterior cobrando divisas (dólares), y en el interior tiende a elevar sus precios al nivel internacional, generalmente más alto; mientras que nuestra industrialización sustitutiva de importaciones −tardía respecto a los países desarrollados y con menor autonomía tecnológica− exporta poco y necesita importar equipos e insumos, de manera que su crecimiento incrementa la demanda de divisas. Cuando la oferta de dólares que ingresan al país resulta insuficiente –por esa u otras causas coyunturales− sobreviene una crisis recesiva, que conduce a la devaluación del peso, y ello aumenta el precio de los artículos que tienen componentes importados, arrastrando a los demás precios internos. Entre otros efectos perversos, con la repetición de esa secuencia la inflación se torna estructural.  

              

            El gobierno de Perón manejó estas cuestiones controlando el comercio exterior, principalmente a través del IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), que destinaba una parte de los ingresos por las exportaciones agrícolas a financiar la industrialización, y regulando los permisos de importación. No pudo sin embargo evitar, a partir de 1948, ciertos desequilibrios que empujaban el alza del dólar y de los precios internos, aunque la inflación fue más que compensada por aumentos de salarios.

            Los problemas se tornaron cíclicos después, con el progresivo desguace de los controles del Estado peronista, en medio de tironeos y recaídas por la presión de los intereses agroexportadores, y por otro lado la penetración de capitales extranjeros en las industrias y servicios. Las devaluaciones del peso para favorecer la exportación desfavorecían a la industria,  generaban inflación y motorizaban las demandas sindicales. El dilema es que si el dólar está alto, los exportadores agrarios ganan y tienden a producir más, pero el costo de vida sube, y las empresas industriales se resienten por dificultades para importar; y si el dólar está barato, el agro gana menos y produce menos, a la vez que la industria se resiente por la competencia de manufacturas importadas. Expuesto al juego de los mercados, no hay un punto de equilibrio que evite estos desbalances.

La clave de una política económica eficaz es el control de cambios, es decir la regulación estatal del valor del peso respecto al dólar, administrando con sumo cuidado esta relación y otras variables –como los impuestos, retenciones y reintegros− para atender las necesidades de evolución de cada sector productivo, sin perjudicar el nivel de vida general. La solución más lógica que se ha ensayado son múltiples “tipos de cambio” oficiales, de manera que el Estado compre y venda los dólares que ingresan al país con distinta cotización según su procedencia o su destino. Ello requiere una delicada sintonía fina de los funcionarios del gobierno, estudios apropiados, planificación y consensos sectoriales.

            Por eso las políticas económicas liberales y neoliberales, inspiradas por los países dominantes, fracasan en nuestra realidad. No sirve la teoría clásica que se enseña en Harvard y en nuestras universidades empresariales. No sirven las comparaciones con otros países, desarrollados (Estados Unidos, Europa) o subdesarrollados (Chile, Perú), que tienen otra estructura productiva. Los economistas y los empresarios que no entienden el problema del desequilibrio estructural no aciertan a entender lo que ocurre. La “libertad de los mercados” es una utopía contraproducente: los mismos dueños y gerentes de las empresas que deploran las regulaciones también terminan reclamando –“hagan algo”− la intervención del gobierno para salir de las crisis.

Los conocidos “remedios” neoliberales –desestatizar, desregular, ajustar, desindustrializar−  condujeron a la recesión, la desnacionalización de empresas, el crecimiento de la deuda pública y la hipertrofia financiera, la desocupación y, como “daños colaterales”, la anomia social, marginalidad y delincuencia. En nuestro país periférico, la fuga de capitales hacia otros mercados, que se alimenta por las ganancias de las empresas extranjeras, la especulación y la desconfianza en el sistema, agrava el “estrangulamiento” o “cuello de botella” de la escasez de divisas, creando un círculo vicioso; y la consiguiente inflación, aunque beneficia a algunos, termina agobiando a todos.

Hugo Chumbita

La política del kirchnerismo, con independencia del poder de los grandes grupos económicos, pudo refrenar las tendencias más perversas del sistema y, en un período muy favorable para nuestras exportaciones en los mercados globales, obtener recursos −mediante las “retenciones”, impuestos que se han aplicado desde siempre− para distribuir ingresos y mejorar el nivel de vida popular, estimular el mercado interno y recuperar las posibilidades industriales; pero cuando la reacción del capitalismo norteamericano revirtió aquellas tendencias favorables abatiendo los precios de los productos primarios, la ofensiva interna y externa contra los movimientos populares sudamericanos logró erosionar los avances anteriores y reinstalar, también en Argentina, un gobierno de empresarios sumisos a la estrategia neocolonial.

   

El macrismo, si bien vaciló al comienzo en aplicar todo el recetario neoliberal, adoptó un dogma ideológico políticamente suicida al desregular tanto la entrada y salida de capitales como los precios y tarifas de productos y servicios esenciales, dejando expuesto el sistema económico a lo peor: las corridas cambiarias hacia el dólar y el desborde inflacionario. Las demás medidas, rediseño regresivo de impuestos, ajustes en seguridad social y un monstruoso endeudamiento, refuerzan la ruta hacia el abismo. No tienen más que excusas y mentiras para disimular la catástrofe, y seguramente van a tener su castigo, pero toda la sociedad está pagando las consecuencias.

Sin embargo, nuestro país ha superado crisis peores, y la “macrisis” es una  contundente lección sobre lo que no hay que hacer. Es inevitable que se produzca una rectificación. Las soluciones vendrán, esperemos, de la mano de un gobierno que −retomando la línea histórica del peronismo y la actualización que representó la experiencia kirchnerista−, articule un nuevo orden sobre las ruinas del caos: controlar el comercio exterior, los movimientos de capitales y los servicios públicos e insumos estratégicos, para sofocar el incendio inflacionario y administrar el dólar, como condiciones para recuperar el dinamismo de la economía nacional y realizar el reparto equitativo de sus frutos.

(") Historiador, abogado y docente

COMO GANAR EL GOBIERNO EN DEMOCRACIA, Por Hugo Chumbita (") para Vagos y Vagas Peronistas

En honor al significado profundo de la idea de democracia como gobierno del demos, creo que es un exceso de lenguaje denominar así a nuestro sistema político. Lo más cercano a democracia, en el sentido de un gobierno elegido por la mayoría de la sociedad y comprometido a servir sus intereses, fue la experiencia del primer peronismo, que, con todos sus defectos y limitaciones, realizó una década de producción y distribución equitativa de los bienes (y los males) del país. Aunque la democracia deseable tendría que ser mejor −y no nos conforman las dudosas versiones o remedos que exhibe el mundo contemporáneo−, incurriremos aquí, sin embargo, en el uso habitual de esta etiqueta, aplicada al modelo del Estado constitucional basado en elecciones. 

Digamos, entonces, que el sistema democrático actual consiste en designar a los gobernantes mediante una votación que debería reflejar la voluntad popular. El procedimiento puede ser obligatorio o voluntario, directo o indirecto, de única o doble vuelta, con variantes en cuanto a la habilitación de los candidatos y los votantes. En la historia de nuestro país la institución tuvo numerosas reformas, que establecieron la concurrencia obligatoria y fueron ampliando el universo de electores y la representación de las minorías, se implantó la elección directa del presidente y finalmente el ballotage, que tiene diversas virtualidades: así como los franceses lo utilizaron para impedir el triunfo de los comunistas, Lanusse lo introdujo creyendo cerrar el paso al peronismo, y lo recreó después el pacto Menem-Alfonsín, rebajándolo con una astuta variable matemática. Los efectos de la doble vuelta han sido caprichosos: en 2003 sirvió para evitar que ganara Menem, y en 2015 permitió que la minoría de Macri se convirtiera en una estrecha mayoría. 

Por encima de las discutibles alternativas del procedimiento –asunto no menor, pero que ahora pasaremos por alto−, el problema principal es cómo las elecciones expresan la “voluntad general” de la ciudadanía. A la función que antes cumplían la prensa escrita y los actos públicos partidarios, se suma hoy el influjo de la televisión, la radio y las “redes sociales”. ¿Cuál es el alcance de los mensajes de campaña electoral? En principio, se trata de una competencia entre ideas y programas que propugnan los partidos políticos. Pero los partidos doctrinarios se han ido desdibujando, su influencia en la opinión pública se ha debilitado, y no hace falta leer a Durán Barba para advertir que hay un segmento de la sociedad menos politizado y fluctuante que puede ser decisivo en el resultado de las urnas. 

En efecto, a la par de sectores con identidad partidaria o con sentimientos o convicciones políticas firmes, que polarizan corrientes bien definidas, existe una capa de indiferentes o indecisos disponible para ser captada por alguna de las opciones en disputa. Son los que ignoran, no entienden o no les interesan las propuestas ideológicas generales, que desconfían del Estado y los políticos, atendiendo más bien a lo que creen sus propias conveniencias inmediatas o a simples creencias o prejuicios. En gran medida son aquellos que, en la pugna entre el peronismo y los “contreras”, Perón llamaba “bostas de paloma” (sin olor ni color), y que un sistema de sufragio voluntario tendería a excluir, pero que de ningún modo pueden ser subestimados. Asimismo, ante las propuestas de cambios drásticos en uno u otro sentido, este segmento de la sociedad suele preferir la moderación, y para conquistar sus votos, según el “teorema de Baglini”, a menudo los candidatos atemperan sus posiciones al acercarse al poder. 

En la Europa contemporánea, la lucha de clases y los dilemas políticos enfrentaban a las clásicas derechas e izquierdas, pero en nuestra periferia las cuestiones se proyectaron de manera diferente. En Argentina y otros países sudamericanos, la confrontación principal se ha planteado de manera recurrente entre un liberalismo autoritario de elites inclinadas a integrarse al capitalismo internacional (hoy tributarias del neoliberalismo global) y los movimientos nacionales de base popular que resisten la explotación y la dependencia neocolonial. Durante mucho tiempo, el carácter minoritario de los proyectos oligárquicos llevaba a sus mentores a recurrir a la fuerza militar y al fraude, e incluso a los extremos terroristas de las dictaduras; pero las mejoras en la distribución de la renta, logradas sobre todo por los gobiernos populares, fueron ensanchando paradójicamente las capas intermedias proclives a aceptar el modelo neoliberal, y la marginalidad de una masa creciente de población –resultante de las etapas de desarrollo capitalista excluyente− ha ido mellando las posibilidades de unir a la mayoría social. 

Esta evolución de la sociedad, y la ingerencia de intereses y agencias que globalizan/extranjerizan la producción, el comercio, las finanzas y los medios de comunicación, empleando los recursos tecnológicos más modernos, configuran una situación donde gran parte de los ciudadanos pueden ser inducidos a apoyar los candidatos del proyecto neoliberal, y éste puede ser instaurado así por gobiernos electos “democráticamente”. 

Es el caso del Pro, cuya campaña preelectoral desplegó una propaganda que combinaba el discurso antipolítico, la jerga de autoayuda y el estilo de los pastores protestantes con un cuidadoso estudio del espectro de votantes, a fin de vender el producto Cambiemos, frente a la ambigüedad de la candidatura scioli-kirchnerista. La esperanza de un gobierno empresarial que respetara las conquistas sociales y asumiera el prospecto industrial, lo cual hubiera podido quizás estabilizar la sociedad política, se desvaneció. El estrepitoso fracaso de la actual gestión se debe a la naturaleza del programa económico del Pro, impuesto por los poderes del mercado mundial que −como en ensayos anteriores, desde el Proceso hasta la Alianza− recae en el ya inviable modelo primario-exportador, con la recesión-desindustrialización- endeudamiento que termina hundiendo al país en la ciénaga financiera. 

¿Cómo recuperar el gobierno para un programa alternativo popular y nacional? El camino es avanzar hacia la democracia por medios democráticos, y sin despreciar otras formas de movilización, hay que ganar elecciones. Considerando las cifras de votaciones y encuestas, podemos conjeturar que en el futuro cercano casi un tercio del electorado podría volver a comprar la oferta neoliberal, con una candidatura macrista u otra que represente algo parecido; y el conjunto social que acompañó por convicción al kirchnerismo mide una proporción semejante. Néstor Kirchner, siguiendo el ejemplo de la convocatoria que en otros tiempos hicieron Yrigoyen y Perón, practicó una estrategia transversal de acuerdos que consiguió abarcar el mayor caudal posible del pueblo. ¿Cómo reeditar esa experiencia? 

El desafío que viene es presentar una fórmula nítidamente renovadora, sin rehuir el debate autocrítico, y convencer a una porción sustancial de los sectores menos politizados que la salida de la crisis es recuperar el rumbo nacional y popular, cuyo eje dinamizador sigue siendo el peronismo y sus aliados. No el confuso “panperonismo” con los dirigentes que se prestaron a la “gobernabilidad” neoliberal, sino con quienes se mantuvieron leales a una memoria consciente de las realizaciones históricas del movimiento, y con las franjas de radicales e izquierdas de sensibilidad nacional. Con el núcleo del sindicalismo urbano y rural decidido a enfrentar la pérdida de derechos de los trabajadores. Con los movimientos sociales de todo tipo que deberían integrarse en la articulación frentista. Con la militancia juvenil y las redes alternativas de comunicación. Sin rendirse a los consejos banales, el cinismo mediático y el marketing oportunista del manual de Duran Barba, pero con una apreciación realista del nuevo escenario, en el cual no hay batallas ganadas sino por ganar. 

(") Historiador, abogado y docente.