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| MARCELA VIVONA |
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN MAGISTRATURA
ECONOMIA POLITICA ARGENTINA
Cátedra de GUIDO AGOSTINELLI y NATALIA GILES
Tesina
“EL ROL DEL ESTADO EN LA ECONOMIA”
Alumna:
VIVONA, Marcela – DNI 22.590.404 – mvivona@gmail.com
Cohorte: 2014
INDICE
I. INTRODUCCION ……………………………………………………………............. 3
II. DESARROLLO INDUSTRIAL DURANTE EL PRIMER GOBIERNO PERONISTA (1940 -1955) Y EL ROL DEL ESTADO…………………………………………….. 6
III. LA DECADA DEL 90 – EL REGIMEN DE VALORIZACION FINANCIERA Y LA DESMANTELACION DEL ESTADO DE BIENESTAR………………………….. 8
IV. REFLEXIONES FINALES …………………………………………………………. 12
I. INTRODUCCION
Este trabajo abarca el análisis de un cierto aspecto del desarrollo económico de la Argentina durante la caracterización general de la Industria Sustitutiva de Importaciones (1930-1976) y, dentro de la valorización financiera (1976-2001), el rol del Estado que le cupo entre los períodos 1945-1955 y durante los años 90 en el diseño de las políticas públicas teniendo en cuenta que, en ambos períodos, estas fueron impulsadas por un gobierno del mismo signo político pero con ideas económicas, políticas y sociales diametralmente opuestas.
Como punto de partida se tomarán los conceptos de Eduardo M. Basualdo (Eduardo M. Basualdo. 2007. “Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía”. Documento Nº1. Maestría en Economía Política Argentina: Area de Economía y Tecnología de la FLACSO 1-20. www.flacso.org.ar/economía) respecto al concepto de patrón de acumulación cuyo análisis
[…] permite aclara tanto los criterios utilizados para delimitar etapas como la perspectiva del análisis, donde la descripción de los acontecimientos está lejos de constituir el núcleo central de la cuestión […] este concepto alude a la articulación de un determinado funcionamiento de las variables económicas vinculado a una definida estructura económica, una peculiar forma de Estado y las luchas entre los bloques existentes.
El modelo agroexportador que fuera el núcleo central de la economía Argentina consolidado durante los años 1880 a 1930 impulsado por Roca y su lema de “paz y administración”, se logró a partir de la inmigración y fundamentalmente, con la producción agraria entrando en el comercio exterior como un país periférico fundamentalmente importador de manufacturas generando una profunda dependencia de la economía extranjera. Las políticas de Estado giraron en torno a fomentar la inmigración y garantizar la libre circulación de bienes y capitales organizando un sistema jurídico y monetario que beneficiara el modelo propuesto. La importación de bienes industriales con la incorporación de capital foráneo, la exportación de productos agropecuarios de la pampa húmeda y la mano de obra europea dieron como resultado la formación de una oligarquía que ejerció el control del Estado cuyos servicios quedaron en manos del capital inglés.
En cuanto a la industria local esta se componía de la industria textil con productos asociados a las necesidades del modelo agroexportador junto con los frigoríficos y los talleres ferroviarios. La concentración del poder económico en el campo hizo que el sistema productivo se basara principalmente en la extranjerización mientras que la nueva oligarquía[1] que se fue formando paulatinamente diversificara sus actividades en las finanzas, el comercio y, posteriormente en la producción industrial, manejando en gran medida la definición de políticas estatales.
A raíz de la crisis del 30, el modelo agroexportador comienza a perder competitividad mientras que, la producción industrial basada en las teorías kelsenianas comienzan a tomar preponderancia bajo el modelo de producción industrial donde el Estado comienza a dictar políticas de claro rasgo interventor basado en la idea de que la propiedad debía tener un carácter social[2]. Durante el primer peronismo se va consolidar el modelo industrial superando por primera vez el valor agregado industrial por sobre el sector agropecuario impulsando nuevas alianzas sociales que consolidan un capitalismo de Estado sustentado en la industrialización como el eje fundamental del desarrollo económico. A la par del desarrollo industrial, el peronismo logró que la clase trabajadora ejerciera un poder que hasta ese momento le había negado, logrando la mayor participación de los asalariados en los niveles de ingreso que jamás se volverían a repetir en la historia argentina.
El proceso económico que impuso la dictadura militar a partir de 1976 consolidándose hasta llegar al año 2001, interrumpió la industrialización basada en la sustitución de importaciones imponiendo el régimen de valorización financiera a partir de que las fracciones del capital dominante que contrajeron deuda externa para luego realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno tales como los títulos, bonos y depósitos con el propósito de valorizarlos debido a la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional para posteriormente, fugarlos al exterior.
La desindustrialización de la década de los 90 y el plan de convertibilidad consolidaron la crisis del comportamiento económico que los sectores dominantes impusieron a partir de la última dictadura cívico-militar cuyos resultados los padecería con mayor crudeza el sector de la clase trabajadora en su conjunto, y lo que otrora fuera un Estado intervencionista y distribucionista con políticas orientadas a un desarrollo económico más equitativo, la década del 90 se caracterizó por la privatización de las empresas estatales y las transferencias posteriores del capital privado que, exacerbaron el endeudamiento externo y la fuga de capitales locales al exterior.
Este trabajo intentará describir cuáles fueron las condiciones estructurales de la alianza de clases que, partiendo de la acumulación de capital, puedan estas fracciones de clases imponer desde el poder, ciertas políticas de estado que los beneficie estableciendo un desarrollo económico tan divergente entre el primer y segundo gobierno peronista y, entre la década de los 90 dirigida por un gobierno del mismo signo político.
II. DESARROLLO INDUSTRIAL DURANTE EL PRIMER GOBIERNO PERONISTA (1940 -1955) Y EL ROL DEL ESTADO
Mónica Peralta Ramos (Mónica Peralta Ramos. 2007. La economía política argentina. Poder y clases sociales 1930-2006. Buenos Aires: FCE, 9) sostiene que de acuerdo a la teoría marxista, el modo de producción se define como una unidad compleja que abarca aspectos económicos, jurídico-políticos e ideológicos; y que en última instancia, todos dependen de los económicos estableciendo un tipo de clase dominante con un modo de producción que la define.
Desde 1880 en adelante la clase dominante terrateniente del momento se consolidó por medio de la maximización de la producción del agro pampeano asegurándose la renta internacional y la apropiación de ella como renta del suelo. Enrique Arceo (Enrique Arceo. 2003. Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes ediciones, 303) al detallar la subordinación del bloque dominante a los intereses de los países centrales sostiene
[…] esa subordinación fue asegurada mediante una intervención del Estado
destinado a establecer y mantener una distribución del valor entre las diversas clases o fracciones de clase y una distribución del trabajo social entre las distintas esferas de la producción, conforme a las exigencias de reproducción ampliada de la forma de producción agraria dominante.
Sin embargo, la caída de los precios agropecuarios a partir de 1930 la capacidad de pagos externos era insuficiente para sostener el nivel previo de importaciones, generándose una nueva etapa de transformación donde la industria será el sector dinámico que expanda la economía junto con la aplicación del control de cambios y la depreciación de la moneda, medidas todas que lograron fortalecer la industria local cuyo rasgo distintivo fue la sustitución de importaciones.
Otro dato a tener en cuenta es que, la concentración económica y la inexistencia de capitales interesados en la industria generaron una fuerte dependencia tecnológica que nuestro país tuvo con el capital extranjero, deteriorándose el intercambio comercial y la burguesía industrial nacional por la lógica absorción del capital industrial nacional por el capital extranjero.
Durante la primera etapa del proceso de sustitución de importaciones, se expande la industria textil y alimenticia mientras que, en la segunda etapa, el sector que liderará el desarrollo industrial será el sector metalúrgico. Hasta 1956 la industrialización se hace a base de incrementos proporcionales de capital constante[3] y de capital variable[4]. Posteriormente, sucede lo contrario, la composición del capital refiere a un aumento de la productividad del trabajo superando holgadamente los aumentos de capital variable. Con lo se vislumbran dos etapas diferentes del proceso de industrialización por sustitución de importaciones pasando de una rama industrial manufacturera a otra de tipo de “gran industria” generándose un cambio en el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país.
La inversión extranjera se redujo al mínimo durante el gobierno peronista, debido fundamentalmente, a la política nacionalista que impuso con toda una serie de restricciones a la inversión extranjera como la prohibición de repatriar las utilidades, y las nacionalizaciones de las empresas extranjeras que generaron un nuevo ciclo para las nuevas inversiones. Pero, hacia 1950 esa situación va a cambiar por cuanto el capital extranjero presiona para aumentar sus inversiones en un momento en que comienzan a perfilarse los conflictos con motivo de la política redistributiva y la disminución de la tasa de ganancia. En 1953 se sanciona la ley 14.222[5] que establece por primera vez un status legal definido para las inversiones extranjeras donde el Poder Ejecutivo podía aprobar o no una nueva propuesta de inversión previa consideración de la Comisión Interministerial de Inversiones Extranjeras. Situación que cambió a partir de 1955 con la imposición de un mercado de libre cambio que le permitiría a las empresas extranjeras disponer cuando hacer las remesas de divisas a sus países, perdiendo aplicación real la referida norma hasta quedar derogada en 1957 por el decreto-ley nro. 16.640.
En cuanto a la importancia que la normativa citada ha significado en las políticas económicas dictadas durante el peronismo y, siguiendo a Peralta Ramos (2007, 49) afirma que del “90% de las autorizaciones sobre inversiones extranjeras, se destinó a las industrias dinámicas, y el 10% restante se distribuyó entre la agricultura, la infraestructura y las industrias vegetativas”.
Algunos economistas tienen sobre este período una mirada crítica respecto de la actividad del Estado en la economía. Para Aldo Ferrer el Estado resultó más un obstáculo que un actor exitoso fracasando en la aplicación de políticas activas que pudieran generar rentas palancas en vez de ciertos privilegios que el economista los define como “efímeros”. Según el mismo autor tampoco las normas laborales como las de la seguridad social lograron sustentarse en una economía de alto crecimiento; aunque que reconoce que para 1975 el crecimiento económico había abarcado a toda la población. (véase Aldo Ferrer. 2008. La economía Argentina desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Fondo de Cultura Argentina y El capitalismo argentino. 2008. Fondo de Cultura Argentina).
Ahora bien, la reforma constitucional de 1949 supuso un cambio de paradigma al concebir que la clase trabajadora pudiera incorporarse económica, social y políticamente a un proyecto de gobierno que involucraba el bienestar de todos y no de unos pocos. El Estado fue pensado como una herramienta activa en la dirección económica tanto en el campo privado como en el público que incluía por ejemplo, la nacionalización del Banco Central, de los servicios públicos y las fuentes de naturales de energía.
E. Basualdo analiza la relación entre capital extranjero y capital nacional durante este período afirmando que entre ellos no se encontraban desvinculados, ni dentro de una misma rama como tampoco entre firmas ubicadas en diversas actividades ligadas por la relación consumo-insumo. Así, las subsidiarias extranjeras se instalaron en actividades oligopólicas que también tenían empresas locales que por tener menos incidencia en ellas, quedaron sometidas al comportamiento de las primeras ejerciendo el liderazgo sectorial. Por otro lado, y aunque algunas empresas extranjeras no fueran directamente proveedoras de insumos ni bienes intermedios, sus producciones integraban un determinado bloque sectorial en el que el capital foráneo controlaba la producción central. Es así que la disminución del grado de extranjerización durante el proceso de sustitución de importaciones, no supuso una modificación sobre el control de producción sino solo una modificación en las formas de inversión de esas empresas en el entramado económico de este período. En este mismo contexto, el autor sostiene que el gobierno peronista logró conjugar crecimiento económico con un importante aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso que dio como resultado “una excepcional situación de la Balanzas de Pagos” al acelerarse la expansión económica debido a un crecimiento importante de la inversión bruta fija. (cfr. Eduardo M. Basualdo. Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad. FLACSO. Siglo veintiuno editores, 28 y ss.).
En cuanto a la intervención estatal, Basualdo (Eduardo Basualdo, 37) arroja una interesante observación, de la cual surge que la intervención significó una “redistribución de la renta agropecuaria hacia los trabajadores”. En el sector financiero también se evidenció una notable mejoría traducida en
[…] la nacionalización de los depósitos bancarios por parte del Banco Central, la asignación del crédito mediante redescuentos otorgados por esta entidad, la creación del Banco Hipotecario Nacional, la regulación del mercado de seguros, etc. Lo mismo ocurrió en materia del comercio exterior con la creación del IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio), que regulaba el intercambio comercial del país (importaciones-exportaciones). Incluso algunos años se establecieron cuotas en las importaciones, destinadas a controlar la salida de divisas, y en las exportaciones, destinadas a garantizar el consumo interno.
Por último, se crearon numerosas empresas estatales que tuvieron un rol fundamental en el desarrollo de la producción industrial y que, contrariamente, durante la década de los 90 serían las primeras en liquidarse bajo un nuevo modelo económico bajo otro gobierno peronista a cargo de Carlos Sául Menem. El desarrollo de la industria permitió –entonces- que nuevos actores sociales se conformaran como un nuevo bloque de poder cuyos intereses se enfrentaron al modo de acumulación oligárquica. Por primera vez en la historia argentina, el sector industrial supera al sector agropecuario sustentado en un Estado activo en la promoción de ese sector incorporando a la clase trabajadora como un factor de poder, alcanzando su mayor participación en niveles de ingresos que no volverán a repetirse.
III. LA DECADA DEL 90 – EL REGIMEN DE VALORIZACION FINANCIERA Y LA DESMANTELACION DEL ESTADO DE BIENESTAR
La dictadura cívico-militar de 1976 interrumpió el proceso de sustitución de importaciones imponiéndose el nuevo modelo de régimen de valorización financiera que culminó en 2001. Los capitales dominantes tomaron deuda externa colocando sus activos financieros en el mercado interno para luego valorizarlos conforme el diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional para fugarlos al exterior. Todo este proceso necesitó de una profunda reforma del Estado que dejara de lado la expansión industrial para pasar a impulsar y proteger la obtención de renta financiera por parte del nuevo bloque de poder. Paulatinamente, la subordinación del Estado a esta nueva lógica de acumulación de capital llevó a que se estatizara la deuda externa privada, la deuda interna y luego, ya en la década de 1990, la privatización de las empresas públicas entregándosela al poder hegemónico. Esta última transferencia se logró por las medidas económicas tomadas por el Estado cuyo principal promotor fue Carlos Saúl Menem quien asumiera la presidencia el 8 de julio de 1989 aprobando la reforma del Estado que incluyó
[…] las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado que dan fin a los regímenes de promoción industrial y de exportación, a la compra de industria nacional por parte del Estado y a los beneficios fiscales a la empresa argentina. El gobierno congela los plazos fijos cambiándolos por Bonos de la deuda externa (BONEX) y establece la apertura comercial. Ofrece a los empresarios hacerse cargo de las privatizaciones y concesiones de las empresas públicas cuya deuda es absorbida por el Estado; en sociedad con grupos extranjeros se privatizan ferrocarriles y rutas nacionales, ENTEL, Aerolíneas Argentinas, YPF, Gas del Estado, centrales hidroeléctricas, termoeléctricas y de energía atómica; Mercado de Hacienda, hotel Llao Llao, Zoológico y Galerías Pacífico. En 1994 se crean las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) como opción a la jubilación estatal.[6]
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siguiendo con el análisis de Basualdo para dilucidar el patrón de acumulación en distintos períodos, es necesario analizar las distintas variables económicas en dicho proceso. Hasta 1970 la producción agropecuaria pampeana y la producción industrial fueron los ejes rectores de la economía argentina a las cuales el resto de las actividades se les subordinaron. La inflación generada antes de la dictadura surge de la disputa entre la puja por la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo; mientras que en el período siguiente, el mismo fenómeno se da por el excedente que surge de la retracción de los salarios reales en detrimento de los trabajadores cuya consecuencia fue, la instauración de un nuevo patrón de acumulación (cf. Eduardo M. Basualdo. 2007. “Concepto de patrón…, 7 y ss.).
Durante este período la centralización del capital por sobre la concentración económica fue el núcleo a partir del cual, los conglomerados económicos subordinaron y controlaron al resto de las empresas mediante la expansión de su presencia en una o múltiples actividades económicas.
Queda claro que una crisis social, económica y política como la de 1989 con hiperinflación fue la que posibilitó que el gobierno de Menem tomara las medidas económicas que más le convenían al establishment representados por los bancos extranjeros radicados en nuestro país sumado a buena parte de los intereses económicos locales. Las principales leyes de este período: la Ley de Reforma del Estado (23.696) y la Ley de emergencia Económica (23.697), la primera que habilitaba la privatización de las empresas principales empresas productoras de bienes o servicios de propiedad estatal y la segunda, dieron como resultado que el gobierno pudiera legislar por decreto prescindiendo del Congreso Nacional. Una crisis que tiene sus orígenes con la política económica de la última dictadura cívico-militar y que continuara afianzándose durante la década de los 80. Como consecuencia de la política regresiva que a partir de 1976 se aplicara en nuestro país, en detrimento del proceso de industrialización que otrora fuera el motor de la economía, aparecieron un reducido número de grupos económicos y conglomerados económicos extranjeros que concentraron una porción creciente del ingreso nacional; y que junto a los organismos multilaterales de crédito tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fueron condicionando la economía del país.
La desarticulación del régimen de industrialización produjo una transferencia de ingresos en detrimento del sector asalariado donde el Estado se endeudó estatizando la deuda externa privada, facilitó los regímenes de promoción industrial a favor de los conglomerados empresariales que instalaron nuevas empresas con los subsidios estatales y pagó sobre precios a los proveedores de las empresas públicas, llevó a que se consolidara un capital concentrado que condicionaría el desarrollo económico del país en los años siguientes.
Martin Abeles sostiene que la crisis hiperinflacionaria de 1989 fue el resultado de las medidas que enfrentaran, durante la década de los 80, a los sectores favorecidos por la dictadura militar, sentándose las bases de una contraposición de intereses entre la banca extranjera y el capital concentrado, que llevó a la disputa por la apropiación del excedente cuya solución fue el programa de privatizaciones de las empresas del Estado argentino que les resultaba de interés a unos y otros. (Abeles, Martín. 1999. “Los años 90: balance de una década de concentración económica y regresividad social”. Epoca. Revista de economía argentina, 1: 94-193).
De esta manera, la solución entre las diferentes fracciones del capital por medio de las nuevas políticas económicas le dio al gobierno de Menem la posibilidad de reformar la Constitución Nacional, la reelección y una nueva columna vertebral al partido Justicialista en perjuicio de los sectores populares y capas medias de la sociedad. Mientras tanto, los sectores dominantes siguieron controlando y aún más, los resortes del Estado en beneficio de sus pingues ganancias sumado a la determinación tarifaria y de los marcos regulatorios de las empresas privatizadas conforme a los lineamientos de esos mismos sectores.
La concentración del capital, la inestabilidad, el estancamiento y la redistribución regresiva del ingreso fueron estructurando un nuevo modo de acumulación. Azpiazu y Nochteff afirman que todos estos componentes forjaron una reorientación estratégica de la economía argentina siendo funcionales al programa de estabilización que se implementara en 1991 con la Ley de Convertibilidad (Ley nro. 23.928) cuya política se manifestó en la concentración de actividades en el ámbito del Ministerio de Economía que a corto plazo significó – entre otras -, ajustar los precios domésticos como consecuencia de algunas de las desregulaciones y la supresión de muchos de los derechos de los trabajadores y de la reducción del salario social. (cfr. Daniel Azpiazu y Hugo Nochteff. 1995. “El desarrollo Ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite económica en la Argentina”. Buenos Aires: Tesis Grupo Editorial NORMA S.A., 157-221).
Uno de los principales fundamentos del plan de privatizaciones era contar con la formación de un capital que invirtiera en distintas ramas de la actividad económica como ser la industria. Sin embargo, conforme a los datos existentes[7] fue prácticamente insignificante el aporte en ese sentido. Por el contrario, lo que se consolidó de manera sobresaliente fue la concentración del capital con enormes ventajas competitivas respecto de otras áreas económicas que consolidaron un mercado protegido con bajos o nulos riesgos empresarios y una libertad absoluta en la fijación de precios. La consecuencia fue un acrecentamiento de los oligopolios centrado en un acotado grupo de empresarios con la explotación de exageradas rentas de ganancias, que ni siquiera fueron incorporadas (aunque sea en una parte) al progreso tecnológico ni a la innovación en el sector industrial.
En el ámbito interno, se eliminaron las restricciones a la oferta de bienes y servicios, las intervenciones en la formación de precios, eliminación del régimen de control de precios, supresión de regulaciones específicas en materia de inversiones extranjeras, desregulación del mercado de petróleo, se modificó la ley de Defensa de la Competencia y se suspendió la ley de Abastecimiento. A su vez, en materia de exportaciones e importaciones el Estado restringió todo tipo de medidas regulatorias agilizándose incluso, los trámites aduaneros y la derogación de regulaciones al comercio, que como consecuencia, trajeron mayores distorsiones en la industria manufacturera.
Para mediados de años 90 se profundizaron aún más las desregulaciones, abarcó al mercado de medicamentos, la remoción de diversas formas de organización portuaria, transporte fluvial, marítimo, portuaria y de transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia que incidieron en forma negativa en los sectores industriales, salvo algunas excepciones que se mencionaran seguidamente.
La eliminación del modelo sustitutivo significó para el sector industrial, la pérdida de tener el rol propulsor del crecimiento económico con su consiguiente estancamiento, y el desplazamiento de las industrias metalmecánicas hacia sectores productores de insumos intermedios.
Un caso excepcional fue la industria automotriz que contó con un régimen especial que permitió constituir una reserva de mercado para las industrias terminales radicadas en nuestro país. De esta manera, el discurso de la apertura de la economía donde el Estado abandonaba su carácter proteccionista, resulta contradictoria en este sector industrial que al igual que en otros como la papelera, la alimentaria o la textil (pero en menor escala) resultaron favorecidos por algunas medidas de tipo proteccionistas.
Cabe aclarar que el deterioro socioeconómico que se venía registrando desde la década del 80, sumado a la hiperinflación generaron una fuerte opinión pública a favor de las recetas neoliberales que le permitieron a Menem llevar adelante la profunda reforma del Estado cuyas nefastas consecuencias se reflejarían en los años siguientes. No hay ninguna duda que la llamada “quiebra del Estado” fue producto de la puja distributiva del excedente producido en etapas anteriores entre dos actores económicos y no a la ineficiencia o responsabilidad del Estado. En este sentido, las privatizaciones tuvieron un papel principal en esa confrontación cuya transformación se logró a expensas de los sectores populares que vieron conculcados no solo sus salarios, sino también de derechos adquiridos durante el primer gobierno de Perón. Basta con recordar las negociaciones del gobierno con la UIA, la CGT y representantes de las Pymes respecto de la política laboral que incluyó la flexibilización de la contratación de trabajadores, la reforma del régimen de trabajo y de las obras sociales, privatizándose los sistemas de jubilación y un aumento sostenido en los años siguientes del aumento del desempleo.
IV. REFLEXIONES FINALES
Karl Marx (1818-1883) sostenía que el capitalismo se basaba en la existencia de dos clases bien diferenciadas, entre aquellos que eran los dueños de los medios de producción y quienes solo tienen su fuerza de trabajo. Ambos grupos son antagónicos y se encuentran enfrentados por la lucha de clases.
Hasta la primera Guerra Mundial la Argentina vivió un proceso acelerado de crecimiento económico basado en la producción de grandes extensiones de superficies de tierras e integrándose en el mercado mundial, consolidándose como un país exportador de productos agrícolas consagrándose el liberalismo económico y político sustentado en la idea de “orden y progreso”. Demanda de mano de obra, inmigraciones y un precario desarrollo industrial llevó a que gran parte de esa población se asentara en las ciudades donde encontrarán oportunidades debido a la construcción de grandes obras de infraestructura. Allí se fue organizando el asalariado urbano que paulatinamente comenzaría a reclamar mejores condiciones laborales y salariales.
La crisis de 1930 y la desarticulación del comercio internacional tuvo efectos negativos en la economía reduciéndose drásticamente los volúmenes de exportación agraria. Hacia 1934 la economía volvía a mostrar una tendencia al crecimiento debido a una mayor intervención del Estado con la creación del Banco Central, el impuesto a la renta, el control de cambios y una mayor vigorización de las obras públicas; que junto a la escasez de divisas, favorecerán el proceso de sustitución de importaciones para satisfacer la demanda interna. Pese a la reactivación económica que supuso este tipo de producción, los salarios seguían estancados y tampoco se registraban mejoras en las condiciones de trabajo.
La llegada de Perón al poder significó promover, estimular y afianzar una rápida concreción a las demandas largamente insatisfechas. Se alientan las organizaciones sindicales, el aumento de salarios, una nueva legislación laboral que mejorará notablemente las condiciones laborales, universalización del sistema jubilatorio y la creación de la justicia del trabajo, entre otras medidas. Las políticas de Perón intentaron armonizar, mediante la enérgica actividad del Estado, las diferencias sociales intentando logrando un consenso que incluyera una mejor y más justa distribución de la renta, alcanzando la participación de los asalariados en la distribución del ingreso nacional, aproximadamente al 50%, porcentajes que nunca más se repetirían en los años venideros. Diferencias que en la práctica serían irreconciliables cuya máxima expresión se viera reflejada en el golpe de Estado 1955 primero, y en el golpe de Estado cívico-militar de 1976 después.
La dictadura más sangrienta que sufriera nuestro país en 1976, aseguró y acentuó la concentración del capital en manos de conglomerados de empresas hegemónicas, culminando el proceso con el desmantelamiento del Estado y la apertura económica durante la década del 90 a manos de un gobierno surgido del mismo partido Justicialista que el 24 de febrero de 1946 alcanzara por el 52% de los votos, la presidencia de la Nación el General Juan Domingo Perón.
Juan Domingo Perón anunció en muchos de sus discursos que el objetivo del justicialismo no era la lucha de clases de la que hablaba Marx, sino que esta debía sustituirse por la cooperación entre el capital y trabajo sin la explotación de una clase a otra creando una sociedad compuesta por los hombres que trabajan. La creación del Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, cuya función fuera la intervención del Estado en el comercio exterior a los fines de obtener recursos para distribuir hacia la industria, y que provocara el enojo de la oligarquía terrateniente; demuestra que aquellos discursos lejos estaban de ser posibles. Y, claro está, que según los sucesos posteriores que dan cuenta de ello, fue ilusorio poder conciliar intereses incompatibles.
Si analizamos las etapas de acumulación que se fueron desarrollando en estos períodos, se puede constatar que cada una supone una forma de relación de subordinación entre el capital y el trabajo, que también suponen una forma específica de enfrentamiento de intereses y clases que desde el poder, logran un conjunto de políticas económicas que los beneficie.
La política de distribución de ingresos del gobierno peronista, trajo una disminución de la masa de ganancia y de la tasa de ganancia de unos sectores sociales a otros. El retroceso primero, la desaparición después de esa política, resultó de la acción deliberada de grupos de intereses que reaccionaron ante la pérdida de prerrogativas económica y de poder. Ya sea de intereses nacionales asociados a intereses extranjeros, o bien por el sometimiento impuesto de los segundos hacia los primeros, el medio para lograr esos objetivos fue la apropiación de los instrumentos del Estado, que garantice la explotación de esos intereses clasistas en perjuicio de quienes solo tienen su capacidad de trabajo, o sea las clases media y popular de nuestra sociedad.
BIBLIOGRAFIA
√ Arceo, Enrique. 2003. “Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación”. Universidad Nacional de Quilmes. Colección Economía Política Argentina, 321-405.
√ Azpiazu, Daniel; Hugo Nochteff. 1995. El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite económica en la Argentina. Ensayos de Economía política. Buenos Aires: Tesis Grupo Editorial NORMA S.A.
√ Basualdo, Eduardo M. Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires: FLACSO.
√ Basualdo, Eduardo M. Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera. Historia económica. Artículo que forma parte de una tesis ante el Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
√ Basualdo, Eduardo M. 2007. “Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía”. Maestría en Economía Política Argentina. Area de Economía y Tecnología de la FLACSO, 1: 1-20.
√ Canitrot, Adolfo. 1975. “La experiencia populista de redistribución de ingresos”. Desarrollo económico, XV: 1-30.
√ Diaz Alejandro, Carlos F. 2002. Ensayos sobre la historia económica argentina. Buenos Aires: Amorrortu Editores.
√ Ferrer, Aldo. 2008. La economía Argentina desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Buenos Aires: Fondo de Cultura Argentina.
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√ Kosacoff, Bernardo; Daniel Aspiazu. 1989. La industria argentina: desarrollo y cambios estructurales. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. CEPAL.
√ Peralta Ramos, Mónica. 2007. La economía política argentina. Poder y clases (1930-2006). Buenos Aires: FCE.
[1] La base económica de este grupo fue, indudablemente, la propiedad de las tierras cuya acumulación de capital se encontraba en la producción agropecuaria pampeana
[2] La Constitución de 1949 concibió al Estado como un actor activo en la regulación de las medidas económicas que garantizara la equidad en la distribución de los bienes y servicios en beneficio de los sectores sociales. No resulta posible y tampoco es el objetivo de este trabajo analizar otros aspectos de tipo político que tuvo la reforma, aunque no menos importantes que las razones económicas. Solo mencionaremos que la reforma diseñó un Estado que pudiera no verse influenciado por poder económicos que tendían a que el mismo estuviera al servicio de la economía; y, por otro lado, donde la actividad privada, por ser una relación social, no estuviera desvinculada del contralor del Estado para no transformarse en antisocial.
[3] Por capital constante se entiende el constituido por el stock de capital fijo.
[4] Por capital variable se entiende los incrementos en la ocupación obrera en la industria.
[5] Esta ley buscó promover el desarrollo de la industria nacional otorgando beneficios a los inversores extranjeros, facilitando su radicación en el país y fijando un status particular para que ciertas actividades no produjeran desequilibrios económicos.
[6] http://www.presidencia.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1297&template=blank, consultado el 30 de octubre de 2014.
[7] Hasta mediados de los 90 la inversión agregada fue del 2% del PBI para estabilizarse a fines de la década en 1,5%.
Durante este período la centralización del capital por sobre la concentración económica fue el núcleo a partir del cual, los conglomerados económicos subordinaron y controlaron al resto de las empresas mediante la expansión de su presencia en una o múltiples actividades económicas.
Queda claro que una crisis social, económica y política como la de 1989 con hiperinflación fue la que posibilitó que el gobierno de Menem tomara las medidas económicas que más le convenían al establishment representados por los bancos extranjeros radicados en nuestro país sumado a buena parte de los intereses económicos locales. Las principales leyes de este período: la Ley de Reforma del Estado (23.696) y la Ley de emergencia Económica (23.697), la primera que habilitaba la privatización de las empresas principales empresas productoras de bienes o servicios de propiedad estatal y la segunda, dieron como resultado que el gobierno pudiera legislar por decreto prescindiendo del Congreso Nacional. Una crisis que tiene sus orígenes con la política económica de la última dictadura cívico-militar y que continuara afianzándose durante la década de los 80. Como consecuencia de la política regresiva que a partir de 1976 se aplicara en nuestro país, en detrimento del proceso de industrialización que otrora fuera el motor de la economía, aparecieron un reducido número de grupos económicos y conglomerados económicos extranjeros que concentraron una porción creciente del ingreso nacional; y que junto a los organismos multilaterales de crédito tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, fueron condicionando la economía del país.
La desarticulación del régimen de industrialización produjo una transferencia de ingresos en detrimento del sector asalariado donde el Estado se endeudó estatizando la deuda externa privada, facilitó los regímenes de promoción industrial a favor de los conglomerados empresariales que instalaron nuevas empresas con los subsidios estatales y pagó sobre precios a los proveedores de las empresas públicas, llevó a que se consolidara un capital concentrado que condicionaría el desarrollo económico del país en los años siguientes.
Martin Abeles sostiene que la crisis hiperinflacionaria de 1989 fue el resultado de las medidas que enfrentaran, durante la década de los 80, a los sectores favorecidos por la dictadura militar, sentándose las bases de una contraposición de intereses entre la banca extranjera y el capital concentrado, que llevó a la disputa por la apropiación del excedente cuya solución fue el programa de privatizaciones de las empresas del Estado argentino que les resultaba de interés a unos y otros. (Abeles, Martín. 1999. “Los años 90: balance de una década de concentración económica y regresividad social”. Epoca. Revista de economía argentina, 1: 94-193).
De esta manera, la solución entre las diferentes fracciones del capital por medio de las nuevas políticas económicas le dio al gobierno de Menem la posibilidad de reformar la Constitución Nacional, la reelección y una nueva columna vertebral al partido Justicialista en perjuicio de los sectores populares y capas medias de la sociedad. Mientras tanto, los sectores dominantes siguieron controlando y aún más, los resortes del Estado en beneficio de sus pingues ganancias sumado a la determinación tarifaria y de los marcos regulatorios de las empresas privatizadas conforme a los lineamientos de esos mismos sectores.
La concentración del capital, la inestabilidad, el estancamiento y la redistribución regresiva del ingreso fueron estructurando un nuevo modo de acumulación. Azpiazu y Nochteff afirman que todos estos componentes forjaron una reorientación estratégica de la economía argentina siendo funcionales al programa de estabilización que se implementara en 1991 con la Ley de Convertibilidad (Ley nro. 23.928) cuya política se manifestó en la concentración de actividades en el ámbito del Ministerio de Economía que a corto plazo significó – entre otras -, ajustar los precios domésticos como consecuencia de algunas de las desregulaciones y la supresión de muchos de los derechos de los trabajadores y de la reducción del salario social. (cfr. Daniel Azpiazu y Hugo Nochteff. 1995. “El desarrollo Ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite económica en la Argentina”. Buenos Aires: Tesis Grupo Editorial NORMA S.A., 157-221).
Uno de los principales fundamentos del plan de privatizaciones era contar con la formación de un capital que invirtiera en distintas ramas de la actividad económica como ser la industria. Sin embargo, conforme a los datos existentes[7] fue prácticamente insignificante el aporte en ese sentido. Por el contrario, lo que se consolidó de manera sobresaliente fue la concentración del capital con enormes ventajas competitivas respecto de otras áreas económicas que consolidaron un mercado protegido con bajos o nulos riesgos empresarios y una libertad absoluta en la fijación de precios. La consecuencia fue un acrecentamiento de los oligopolios centrado en un acotado grupo de empresarios con la explotación de exageradas rentas de ganancias, que ni siquiera fueron incorporadas (aunque sea en una parte) al progreso tecnológico ni a la innovación en el sector industrial.
En el ámbito interno, se eliminaron las restricciones a la oferta de bienes y servicios, las intervenciones en la formación de precios, eliminación del régimen de control de precios, supresión de regulaciones específicas en materia de inversiones extranjeras, desregulación del mercado de petróleo, se modificó la ley de Defensa de la Competencia y se suspendió la ley de Abastecimiento. A su vez, en materia de exportaciones e importaciones el Estado restringió todo tipo de medidas regulatorias agilizándose incluso, los trámites aduaneros y la derogación de regulaciones al comercio, que como consecuencia, trajeron mayores distorsiones en la industria manufacturera.
Para mediados de años 90 se profundizaron aún más las desregulaciones, abarcó al mercado de medicamentos, la remoción de diversas formas de organización portuaria, transporte fluvial, marítimo, portuaria y de transporte automotor de pasajeros de media y larga distancia que incidieron en forma negativa en los sectores industriales, salvo algunas excepciones que se mencionaran seguidamente.
La eliminación del modelo sustitutivo significó para el sector industrial, la pérdida de tener el rol propulsor del crecimiento económico con su consiguiente estancamiento, y el desplazamiento de las industrias metalmecánicas hacia sectores productores de insumos intermedios.
Un caso excepcional fue la industria automotriz que contó con un régimen especial que permitió constituir una reserva de mercado para las industrias terminales radicadas en nuestro país. De esta manera, el discurso de la apertura de la economía donde el Estado abandonaba su carácter proteccionista, resulta contradictoria en este sector industrial que al igual que en otros como la papelera, la alimentaria o la textil (pero en menor escala) resultaron favorecidos por algunas medidas de tipo proteccionistas.
Cabe aclarar que el deterioro socioeconómico que se venía registrando desde la década del 80, sumado a la hiperinflación generaron una fuerte opinión pública a favor de las recetas neoliberales que le permitieron a Menem llevar adelante la profunda reforma del Estado cuyas nefastas consecuencias se reflejarían en los años siguientes. No hay ninguna duda que la llamada “quiebra del Estado” fue producto de la puja distributiva del excedente producido en etapas anteriores entre dos actores económicos y no a la ineficiencia o responsabilidad del Estado. En este sentido, las privatizaciones tuvieron un papel principal en esa confrontación cuya transformación se logró a expensas de los sectores populares que vieron conculcados no solo sus salarios, sino también de derechos adquiridos durante el primer gobierno de Perón. Basta con recordar las negociaciones del gobierno con la UIA, la CGT y representantes de las Pymes respecto de la política laboral que incluyó la flexibilización de la contratación de trabajadores, la reforma del régimen de trabajo y de las obras sociales, privatizándose los sistemas de jubilación y un aumento sostenido en los años siguientes del aumento del desempleo.
IV. REFLEXIONES FINALES
Karl Marx (1818-1883) sostenía que el capitalismo se basaba en la existencia de dos clases bien diferenciadas, entre aquellos que eran los dueños de los medios de producción y quienes solo tienen su fuerza de trabajo. Ambos grupos son antagónicos y se encuentran enfrentados por la lucha de clases.
Hasta la primera Guerra Mundial la Argentina vivió un proceso acelerado de crecimiento económico basado en la producción de grandes extensiones de superficies de tierras e integrándose en el mercado mundial, consolidándose como un país exportador de productos agrícolas consagrándose el liberalismo económico y político sustentado en la idea de “orden y progreso”. Demanda de mano de obra, inmigraciones y un precario desarrollo industrial llevó a que gran parte de esa población se asentara en las ciudades donde encontrarán oportunidades debido a la construcción de grandes obras de infraestructura. Allí se fue organizando el asalariado urbano que paulatinamente comenzaría a reclamar mejores condiciones laborales y salariales.
La crisis de 1930 y la desarticulación del comercio internacional tuvo efectos negativos en la economía reduciéndose drásticamente los volúmenes de exportación agraria. Hacia 1934 la economía volvía a mostrar una tendencia al crecimiento debido a una mayor intervención del Estado con la creación del Banco Central, el impuesto a la renta, el control de cambios y una mayor vigorización de las obras públicas; que junto a la escasez de divisas, favorecerán el proceso de sustitución de importaciones para satisfacer la demanda interna. Pese a la reactivación económica que supuso este tipo de producción, los salarios seguían estancados y tampoco se registraban mejoras en las condiciones de trabajo.
La llegada de Perón al poder significó promover, estimular y afianzar una rápida concreción a las demandas largamente insatisfechas. Se alientan las organizaciones sindicales, el aumento de salarios, una nueva legislación laboral que mejorará notablemente las condiciones laborales, universalización del sistema jubilatorio y la creación de la justicia del trabajo, entre otras medidas. Las políticas de Perón intentaron armonizar, mediante la enérgica actividad del Estado, las diferencias sociales intentando logrando un consenso que incluyera una mejor y más justa distribución de la renta, alcanzando la participación de los asalariados en la distribución del ingreso nacional, aproximadamente al 50%, porcentajes que nunca más se repetirían en los años venideros. Diferencias que en la práctica serían irreconciliables cuya máxima expresión se viera reflejada en el golpe de Estado 1955 primero, y en el golpe de Estado cívico-militar de 1976 después.
La dictadura más sangrienta que sufriera nuestro país en 1976, aseguró y acentuó la concentración del capital en manos de conglomerados de empresas hegemónicas, culminando el proceso con el desmantelamiento del Estado y la apertura económica durante la década del 90 a manos de un gobierno surgido del mismo partido Justicialista que el 24 de febrero de 1946 alcanzara por el 52% de los votos, la presidencia de la Nación el General Juan Domingo Perón.
Juan Domingo Perón anunció en muchos de sus discursos que el objetivo del justicialismo no era la lucha de clases de la que hablaba Marx, sino que esta debía sustituirse por la cooperación entre el capital y trabajo sin la explotación de una clase a otra creando una sociedad compuesta por los hombres que trabajan. La creación del Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, cuya función fuera la intervención del Estado en el comercio exterior a los fines de obtener recursos para distribuir hacia la industria, y que provocara el enojo de la oligarquía terrateniente; demuestra que aquellos discursos lejos estaban de ser posibles. Y, claro está, que según los sucesos posteriores que dan cuenta de ello, fue ilusorio poder conciliar intereses incompatibles.
Si analizamos las etapas de acumulación que se fueron desarrollando en estos períodos, se puede constatar que cada una supone una forma de relación de subordinación entre el capital y el trabajo, que también suponen una forma específica de enfrentamiento de intereses y clases que desde el poder, logran un conjunto de políticas económicas que los beneficie.
La política de distribución de ingresos del gobierno peronista, trajo una disminución de la masa de ganancia y de la tasa de ganancia de unos sectores sociales a otros. El retroceso primero, la desaparición después de esa política, resultó de la acción deliberada de grupos de intereses que reaccionaron ante la pérdida de prerrogativas económica y de poder. Ya sea de intereses nacionales asociados a intereses extranjeros, o bien por el sometimiento impuesto de los segundos hacia los primeros, el medio para lograr esos objetivos fue la apropiación de los instrumentos del Estado, que garantice la explotación de esos intereses clasistas en perjuicio de quienes solo tienen su capacidad de trabajo, o sea las clases media y popular de nuestra sociedad.
BIBLIOGRAFIA
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√ Azpiazu, Daniel; Hugo Nochteff. 1995. El desarrollo ausente. Restricciones al desarrollo, neoconservadorismo y elite económica en la Argentina. Ensayos de Economía política. Buenos Aires: Tesis Grupo Editorial NORMA S.A.
√ Basualdo, Eduardo M. Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires: FLACSO.
√ Basualdo, Eduardo M. Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la valorización financiera. Historia económica. Artículo que forma parte de una tesis ante el Doctorado en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.
√ Basualdo, Eduardo M. 2007. “Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía”. Maestría en Economía Política Argentina. Area de Economía y Tecnología de la FLACSO, 1: 1-20.
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√ Peralta Ramos, Mónica. 2007. La economía política argentina. Poder y clases (1930-2006). Buenos Aires: FCE.
[1] La base económica de este grupo fue, indudablemente, la propiedad de las tierras cuya acumulación de capital se encontraba en la producción agropecuaria pampeana
[2] La Constitución de 1949 concibió al Estado como un actor activo en la regulación de las medidas económicas que garantizara la equidad en la distribución de los bienes y servicios en beneficio de los sectores sociales. No resulta posible y tampoco es el objetivo de este trabajo analizar otros aspectos de tipo político que tuvo la reforma, aunque no menos importantes que las razones económicas. Solo mencionaremos que la reforma diseñó un Estado que pudiera no verse influenciado por poder económicos que tendían a que el mismo estuviera al servicio de la economía; y, por otro lado, donde la actividad privada, por ser una relación social, no estuviera desvinculada del contralor del Estado para no transformarse en antisocial.
[3] Por capital constante se entiende el constituido por el stock de capital fijo.
[4] Por capital variable se entiende los incrementos en la ocupación obrera en la industria.
[5] Esta ley buscó promover el desarrollo de la industria nacional otorgando beneficios a los inversores extranjeros, facilitando su radicación en el país y fijando un status particular para que ciertas actividades no produjeran desequilibrios económicos.
[6] http://www.presidencia.gob.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1297&template=blank, consultado el 30 de octubre de 2014.
[7] Hasta mediados de los 90 la inversión agregada fue del 2% del PBI para estabilizarse a fines de la década en 1,5%.
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