El enjuiciamiento de Lula por el juez de primera instancia, Sergio Moro, y su argumentación final están totalmente vacíos de pruebas concretas. Abundan las deducciones y convicciones subjetivas, inapropiadas al ethos de un juez imparcial. No se acusa a Lula de tener cuentas en el exterior, que nunca tuvo, ni de haber desviado fortunas del erario en beneficio propio. Nada de eso. Se trata de un apartamento de tres pisos en Guarujá sin mayores calificaciones y de una finca en Atibaia, modesta, como modesta era la vida de su esposa María Leticia a la que, hija de agricultores, le gustaba cultivar la tierra.
Las alegadas intervenciones de Lula junto a Petrobrás en favor de la constructora OAS, que a cambio le habría dado el triplex en Guarujá-SP, no se confirmaron. La solución fue entonces la invención de una justificación esdrújula y hasta vergonzosa para un juez mínimamente serio. Escribió: «si no hubo intervención de Lula, hubo sí un acto de oficio indeterminado». Esto equivale a decir: un acto no conocido y por eso inexistente. ¿Cómo puede un juez decidir sobre algo que él mismo no conoce? La situación colocó al juez Moro en dificultades cuando se hizo público que la OAS en negocios hechos en Brasilia empeñó el apartamento de Guarujá, signo de posesión y dominio del inmueble. Por lo tanto, no podía ser de Lula.
El hecho es que no se ha identificado ningún crimen de Lula, mucho menos cuentas en offshores.
Lo que ha quedado claro como la luz del sol es la voluntad condenatoria del juez Sergio Moro y de aquellos en cuyo nombre está actuando: las clases adineradas, el PSDB y parte significativa del PMDB con Temer al frente.
No se puede usar metáforas y ocultar el discurso con malabarismos. Tenemos que decir abiertamente que hubo un golpe parlamentario-jurídico-mediático, hegemonizado por los grupos altamente adinerados (0,05% de la población) que controlan gran parte del área económica y mantiene al Estado rehén de los altos intereses que le cobran para que pueda cerrar sus cuentas. La verdad cristalina es que la elite dominante (según L.G. Belluzzo, no es élite, sólo hay ricos) comenzó a darse cuenta de que el poder proveniente del piso de abajo, con Lula, el PT y aliados, podría consolidarse y cambiar el rumbo del país con políticas sociales de inclusión de millones de pobres, amenazando así sus privilegios. Como siempre han hecho en la historia, organizaron un golpe.
No hay que olvidar la afirmación muchas veces repetida de Darcy Ribeiro que nuestras clases opulentas y dominantes son las más reaccionarias y antisociales del mundo. Nunca pensaron un Brasil para todos; ni siquiera tienen un proyecto de nación. Están contentos con lo que el Pentágono (que también está implicado en el golpe, según fuentes fidedignas) y las grandes corporaciones mundiales están imponiendo: la recolonización de toda América Latina, particularmente de Brasil. A estos, en la división mundial del trabajo, sólo les cabe ser exportadores de commodities. Este proyecto asumido por los que dieron el golpe no está sólo privatizando los bienes públicos. Están desnacionalizando nuestro parque industrial, el petróleo y otros commons brasileros. Están desmontando el país. El objetivo es abrir espacio a las grandes corporaciones a costa de la disminución del Estado, para que ocupen nuestro mercado de 200 millones de consumidores y puedan acumular de un modo excesivo a costa nuestra.
Alguien con más autoridad que yo, el economista Luiz Gonzaga Belluzo, en una entrevista fue al núcleo de la cuestión: El crimen de Lula, en realidad, fue dirigir un gobierno vuelto hacia los más pobres, un gobierno más popular y soberano, y eso, amigos y amigas, jamás será aceptado por la Casa Grande. Defender a Lula es defender la historia, es defender la justicia. No es ser petista, es ser justo.
Lo que se juega el 24 de enero en Porto Alegre con los tres jueces de segunda instancia que van a juzgar a Lula es la definición del futuro de nuestro país: si aceptamos ser nuevamente colonia o si rechazamos ese proyecto indigno y llevamos adelante el sueño de tantos años, ahora reforzado, de refundar en el Atlántico Sur un país robusto, autónomo, social y justo, que se propone sanar la herida que sangra hasta el día de hoy: millones y millones de personas, víctimas de la Casa Grande de ayer y de hoy, los abandonados por ser considerados ceros económicos, en su mayoría hijos e hijas de la senzala, ante los cuales tenemos una deuda humanitaria hasta hoy nunca saldada.
El pueblo está callado, pero está atento. Conoce los derechos que le han sido secuestrados y la carga que se le quiere poner sobre su espalda. Dependiendo de la decisión de los jueces de segunda instancia en Porto Alegre puede haber una especie de desbordamiento imparable.
A los jueces sólo les recuerdo las palabras de la Revelación: “La ira de Dios vendrá sobre aquellos que en la injusticia aprisionan la verdad” (Rom 1,18). El instrumento de la ira de Dios será, esta vez, la acción indignada del pueblo.
Por lo tanto, señores jueces de segunda instancia, traten de juzgar según la justicia para escapar de la ira de Dios y del furor del pueblo indignado.
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