BASES PARA EL MOVIMIENTO NACIONAL FRENTE A LA CRISIS Y LA DEPENDENCIA -Primera Parte-, Por Horacio Chitarroni y Javier Azzali

Bases para el movimiento nacional frente a la crisis y la dependencia. 

Un documento de análisis desde el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo.

-Primera Parte-

Horacio Chitarroni

Javier Azzali

Índice.

1era. Parte.

Introducción. ¿Cuál es la situación mundial? ¿Cuál es la situación latinoamericana? ¿Cómo es la intervención del imperialismo en el país? ¿Qué es la cuestión nacional? ¿Qué es el movimiento nacional? ¿Qué fueron los gobiernos kirchneristas de 2003 a 2015? ¿Por qué se interrumpió el ciclo nacional democrático kirchnerista? 

2da. Parte

¿Por qué triunfó una fuerza política oligárquica, en 2015? ¿Cuáles son las fuerzas sociales dominantes del país, hoy? ¿Cómo se expresan políticamente las fuerzas dominantes? ¿Cuáles son las fuerzas de la clase trabajadora? ¿Cuál es la situación actual del país? La esperanza nacional y popular.

Introducción

Estamos ya en el segundo semestre de 2017. Se aproximan las elecciones legislativas, que serán una batalla crucial destinada a poner freno a la ofensiva neoliberal expresada en el gobierno de Macri, o bien a franquearle el camino, otorgándole aval para avanzar en reformas profundas, que luego serán difíciles de revertir. Asimismo, para profundizar un proceso desenfrenado de endeudamiento que –como ocurriera en el pasado, con Martínez de Hoz primero y con Cavallo más tarde– estableció severas restricciones a la autonomía nacional y desembocó –en 1989 y en 2001– en dos de las crisis más profundas por las que le tocó transitar a la Argentina en su historia reciente.

Es necesario ahondar en el análisis de la situación presente y en las perspectivas que se abren para el mediano plazo. Es preciso examinar las diferentes alternativas políticas y las posibles consecuencias de los cursos de acción que se adopten en los próximos meses.

El gobierno de los CEOs tiene un mandato a cumplir y no repara en medios, persiguiendo con saña a todos los que se oponen a sus planes siniestros, que solo retrocederán ante la presión popular. 

Desde esta pequeña agrupación y desde una perspectiva de izquierda nacional, con la orientación de Norberto Galasso, hemos sostenido modestamente la necesidad de construir el frente de liberación con el mayor protagonismo posible de las organizaciones sindicales y de los sectores populares. A tal fin, desde hace años, nos dimos a la tarea de contribuir al debate entre compañeros y trabajadores, mediante el Centro Cultural Enrique Santos Discépolo, la Corriente Política y el Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela, brindando charlas y cursos en sindicatos, unidades básicas, centros culturales, organizaciones de base, universidades, radios comunitarias, etc., así como con diferentes publicaciones, entre ellas la del periódico Señales Populares. 

Ahora, con el presente documento, nos proponemos realizar una modesta contribución a este esfuerzo necesario, desde una perspectiva comprometida con la defensa del interés nacional y de la clase trabajadora, con la perentoria y patriótica necesidad de poner freno a la ofensiva neoliberal, oligárquica y proimperialista. 

¿Cuál es la situación mundial?

El mundo está transitando actualmente un proceso de transformaciones geopolíticas profundas que se encuentran en pleno desarrollo. Tras la caída de la URSS, el declamado fin de la historia con la extinción del socialismo soviético y el aparente triunfo del capitalismo occidental, Estados Unidos desplegó una hegemonía unilateral a partir de la expansión del capital financiero, que en nuestro continente se expresó a través del Consenso de Washington y el tutelaje del FMI sobre las economías nacionales, como Argentina, Brasil y México. Esta hegemonía, en la última década, ha sido puesta en cuestionamiento a partir de la nueva emergencia de tradicionales potencias como China, primera economía del mundo, y Rusia, primera potencia militar en materia de guerra convencional, dando fuerza a espacios regionales de enorme peso como los BRICS (integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y la Organización de Cooperación de Shanghai (donde están entre otros, China, Rusia, India, Pakistán, e Irán como país observador, y cuyos idiomas oficiales son, significativamente, el ruso y el chino en desprecio del inglés). El oso ruso y el dragón chino impugnan la globalización financiera, mientras la Unión Europea se debilita con la salida de Gran Bretaña (el BREXIT), perdida en el laberinto de la globalización financiera bajo el dominio de la banca alemana. 

La crisis de la globalización financiera se expresa también en la llegada de Donald Trump al poder político del imperio norteamericano. El triunfo del magnate importa el intento de encontrar alguna respuesta al desafío de la multilaterialidad por parte del pueblo estadounidense, que no sea la confrontación destructiva propuesta por el establishment del imperio. Uno de los objetivos programáticos de Trump es el de retomar la senda industrialista en un país con un aparato productivo dañado por la imposición del gran capital financiero y una crisis económica persistente desde 2008. Esto significa cuestionar al poderoso establishment financiero que había encontrado en Hillary Clinton su mejor candidata. 

La suspensión de la participación de Estados Unidos en el proyecto del área de libre comercio en la rica cuenca del Pacífico, con el Tratado Transpacífico, es una consecuencia del giro impulsado por Trump, en su disputa contra el gran capital financiero. Al menos por ahora, ya que parece improbable que, en los hechos, Trump pueda disciplinar a las corporaciones y disuadirlas de producir en donde los salarios son más baratos para hacerlo nuevamente en Estados Unidos. 

Una mejor comprensión del problema mundial requiere tener bien presente que desde la consolidación de la etapa imperialista del capitalismo, el mundo se divide en dos campos: el de las naciones opresoras y el de las oprimidas. Esta división continúa hoy plenamente vigente y se ha adaptado al estado actual de desarrollo avanzado de la tecnología y el conocimiento, y al modo desigual de su apropiación. En algunos países, como Siria, Libia, Irak y Afganistan, la intervención directa de los Estados Unidos o por medio de la OTAN, tiene lugar por la vía de la ocupación militar, utilizando el vasto abanico de la nueva tecnología en recursos bélicos. El recrudecimiento de la agresividad imperialista, la hostilidad hacia países cercanos a China y Rusia, la crisis financiera mundial y el nuevo ciclo de caída de los precios de las materias primas, son algunos de los elementos que componen un mundo en grave crisis que motiva al Papa Francisco a hablar de la tercera guerra mundial.

En síntesis, no se trata de cambios pasajeros, sino que marcan un tránsito hacia una geopolítica multipolar, en la que conceptos como el de estados continentales, explicados en el siglo XX por Juan Perón en el marco de la emergencia de regímenes nacionales y populares en la región, aparecen como claves fundamentales para una mejor interpretación. La contraposición a nivel mundial de modelos opuestos de sociedad es fuerte: de un lado la globalización financiera con su propuesta de exclusión de las mayorías y la imposición de economías con eje en la especulación, y del otro, proyectos de inclusión con eje en el desarrollo de los mercados nacionales y en la producción industrial. Ninguno expresa una promesa de igualitarismo social como lo proponía el socialismo, pero lo que se pone en disputa es el derecho a la vida digna e incluso a la supervivencia por parte de las mayorías populares.

¿Cuál es la situación latinoamericana?

A diferencia de Oriente Medio, en nuestros países latinoamericanos la injerencia del imperialismo norteamericano tiene lugar reactualizando la tradicional forma de la semicolonia, procurando el objetivo de someternos por la vía financiera y económica y clausurando cualquier posibilidad de desarrollo productivo autónomo. A sus instrumentos históricos de las últimas décadas, como la Organización de los Estados Americanos y el predominio de la doctrina de seguridad nacional para influenciar sobre nuestros ejércitos, se le ha agregado últimamente una estrategia concertada entre los grandes multimedios de comunicación y los aparatos de justicia, así como la acción de una red de ONG'S orientadas bajo la influencia de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional) con sede en el imperio del norte. Estas últimas actúan en el interior de nuestros países imponiendo agendas de discusión, en nombre del desarrollo de la democracia liberal, de manera de esmerilar con denuncias sobre supuestas violaciones a derechos civiles, a aquellos gobiernos que impulsan políticas soberanas. A veces, esas tienen bases ciertas pero vinculadas a situaciones cuya complejidad ocultan.

En el plano financiero internacional se encuentra el núcleo de la dominación económica de nuestros países, en torno a los empréstitos internacionales y el endeudamiento externo, los planes económicos impuestos por el FMI, los juicios ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, un tribunal administrativo del Banco Mundial), la cesión de jurisdicción y la rapiña de los fondos buitres. Los acuerdos regionales de libre comercio, desde el fracasado ALCA hasta la hoy debilitada Alianza para el Pacífico, incluyendo los numerosos acuerdos bilaterales, han sido la estrategia de sometimiento perseguida por los Estados Unidos. 

El gran capital financiero monopolista con su predominio sobre las relaciones de comercio internacional, había hecho ingresar al capitalismo mundial a su etapa imperialista, como anotaba con lucidez crítica Lenin hace más de una centuria. Ahora, estamos padeciendo su etapa depredadora que requiere la correspondencia de un nuevo modelo dependencia, cuya subordinación será mucho más destructiva para las naciones y la clase trabajadora que los anteriores. Una poderosa alianza entre los sectores dominantes locales, el capital financiero extranjero y el imperialismo de los Estados Unidos y Europa, arrecia sobre nuestros países, para quebrar cualquier gesto de autonomía y remachar los clavos del coloniaje.

En efecto, tanto Brasil como Argentina, direccionadas por sus oligarquías locales, han vaciado la UNASUR, la CELAC y hasta el MERCOSUR –con la ilegal suspensión de Venezuela, a pedir de Estados Unidos-. Además, el país bolivariano es víctima de una violenta conspiración de comandos civiles cobijados por una oposición alentada desde los Estados Unidos. La OEA, con el hostigamiento al gobierno chavista invocando los valores democráticos, recupera su viejo rol de ministerio de colonias, como denunciaba Fidel Castro.

Ante esto, toma fuerte impulso el acuerdo de integración Mercosur - Unión Europea, el cual se encontraba frenado desde hace años por las administraciones de Lula y Dilma, y de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, debido a su inconveniencia para los intereses suramericanos. El acuerdo implica compromisos en asuntos comerciales, de servicios, patentes, propiedad intelectual, inversiones, compras públicas, entre otras. La invocación de razones de tratamiento igualitario recíproco lo coloca en la tradición de los acuerdos de libre comercio con las potencias imperialistas inaugurada en 1825 con Gran Bretaña y que, en los hechos, significa una declaración real de subordinación ante las enormes asimetrías entre uno y otro protagonista. Mientras el presidente argentino le decía a la canciller de Alemania que los dos querían “defender el libre comercio”, ella le advertía que “Alemania no siempre es un socio fácil”, lo cual se corrobora con solo observar el sometimiento financiero de Grecia. El apuro por este acuerdo se explica en función de la frustración de las oligarquías locales ante la decisión de Donald Trump de alejarse, como mencionamos, del Acuerdo del Transpacífico. Este sometimiento nacional se verá reforzado cuando nuestro país sea sede, el año próximo, del G-20, expresión del capital financiero mundial creado a fines de los noventa. 

Todo esto adquiere perfiles de revanchismo, si tenemos en cuenta que los avances de integración autónoma a partir del eje Buenos Aires – Brasilia – Caracas, fue un desafío para el imperio quien, ahora, pretende tomar venganza. Pero es también una nueva recolonización que responde a la necesidad geopolítica imperialista de apropiarse de los recursos naturales -como el caso de Sudamérica y sus grandes reservas de hidrocarburos, agua dulce, oro, litio y otras riquezas minerales- y quebrar cualquier atisbo de unidad regional y de alianza con Rusia y China.

El proceso de unificación americano ensayado por los gobiernos populares de la región, a través de UNASUR y CELAC fueron pasos en la dirección de integrarnos desde una perspectiva propia y de defensa del interés nacional latinoamericano. Esta política encuentra importantes fundamentos históricos en las luchas por la emancipación dirigidas por Bolívar y San Martin y, ya en el siglo XX, por la concepción de los diferentes movimientos nacionales. Pero fue a principios del siglo XXI que nuestro continente alcanzó su etapa máxima en el camino hacia la construcción de la Patria Grande con la coincidencia en el tiempo de varios gobiernos de signo popular.

¿Cómo es la intervención del imperialismo en el país?

A comienzos del presente siglo, un libro[1] causó repercusión postulando la transición del fenómeno del imperialismo –propio de la época de prevalencia de los Estados Nacionales– hacia la figura más evanescente y postmoderna del imperio, propia de un poder económico globalizado y emancipado de un anclaje nacional.

La idea era seductora porque efectivamente, las multinacionales mostraban estrategias globales no siempre coincidentes –a veces confrontadas– con el interés nacional de sus países de origen: eran capaces de suprimir empleos en ellos para trasladar sus procesos productivos y sus inversiones a regiones donde los salarios fueran más bajos, en búsqueda de mayores ganancias y ejerciendo coacción sobre las clases trabajadoras locales.

Pero las grandes corporaciones determinan el orden global a través del manejo de los resortes gubernamentales en las grandes potencias y, mediante sus representantes, en los organismos internacionales. Ni el presidente de los Estados Unidos –llámese Clinton, Bush, Obama o Trump– es independiente del poder de las corporaciones, expresado en los grandes partidos, Demócrata y Republicano y por lo tanto en la Cámara de Representantes y en el Senado, de manera que las corporaciones utilizan como principal herramienta a los estados nacionales de las potencias. De ahí que no se pueda hablar de una “emancipación” territorial del poder económico.

Como muestra de ello, Donald Trump acaba de retirar a su país del acuerdo climático, suscripto en París, en 2015, por 195 países: predominan los intereses de las industrias petrolífera y carbonífera de Estados Unidos y el presidente privilegia ese interés por sobre cualquier otro.

Por lo demás –como evidencia de la dominancia de los Estados Unidos en la economía global– el dólar sigue siendo la principal moneda de intercambio –y de reserva– mundial y la FED (el sistema de la reserva federal) es quien tiene la capacidad de emitirlos sin límites: como lo hizo para salvar a los bancos en la crisis financiera de 2008. Aun China tiene la mayor parte de sus reservas internacionales constituidas en bonos del país del Norte.

Mientras que en Europa Alemania es, principalmente, quien impone disciplina a los países más débiles de la Unión Europea a través de la llamada Troika (la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional). 

La justicia de los Estados Unidos –tanto a través del célebre juez Griesa como de la Corte Suprema, que se negó a revisar su fallo– también se mostró, como bien lo recordamos los argentinos, solidaria con los fondos buitres y pronta a imponer disciplina a un país que –con una renegociación de deuda sin precedentes– había desafiado el orden internacional. 

El fallo del juez neoyorquino sentaba un serio precedente capaz de obstaculizar renegociaciones posteriores de deudas. La Argentina, con el gobierno de Cristina Fernández, impulsó una histórica resolución en Naciones Unidas, encaminada a limitar el accionar internacional de los fondos buitres: esa resolución, aprobada por 124 países, registró 41 abstenciones y 11 votos negativos, que obviamente pertenecían a las naciones que dominan el orden mundial –principalmente Estados Unidos y Alemania– y sus aliados.

La jurisdicción de Nueva York en los contratos de deuda, el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) con sede en Washington D.C., los controles periódicos del Fondo Monetario Internacional (también con sede central en la Capital de los Estados Unidos, cerca de la Casa Blanca) sobre los países endeudados –a excepción de Estados Unidos, el mayor deudor mundial– son todas evidencias que nos recuerdan que el imperialismo no es una entelequia y que su presencia en nuestros países no es un mero recuerdo del pasado 

La Argentina, que durante más de una década adoptó decisiones soberanas, se desendeudó, liquidó la tutela del FMI al cancelar su deuda con ese organismo, rechazó el ALCA para fortalecer la pertenencia y los acuerdos con otros gobiernos de la región, había iniciado un rumbo de autonomía. Pero ahora, el acuerdo sin negociación con los fondos buitres y el celebrado “retorno al mundo y los mercados” y a la tutela del FMI, es para nuestro país la admisión incondicional del disciplinamiento internacional que impone el imperialismo.

Con ese “regreso” la Argentina vuelve a “atenerse a las reglas” que se había animado a cuestionar. Abandona sus pretensiones de soberanía y acepta que sus salarios y jubilaciones son excesivos (y por lo tanto hay que bajarlos), que su gasto público es también demasiado y que debe olvidar las ilusiones de país industrial, resignándose a reprimarizar la economía y ser “el supermercado del mundo”, como lo ha dicho Macri. 

Así, el imperialismo opera –con la complicidad de las burguesías asociadas locales– estableciendo el lugar que debe ocupar cada país en la economía globalizada.

¿Qué es la cuestión nacional?

La falta de independencia económica del país ha determinado a lo largo de nuestra historia la existencia de una cuestión nacional pendiente, la cual consiste en la subordinación de nuestra patria a las potencias mundiales. Esta situación de dependencia del interés extranjero ha sido producto de la imposición por parte de las elites dominantes, desde el siglo XIX, de un proyecto de país de perfil agroexportador, anti industrial, centralista con eje en el puerto de Buenos Aires y en perjuicio de la mayoría de las provincias. El viejo modelo agroexportador fue, durante el desarrollo del siglo XX, cediéndole paso a la formación de una semicolonia financiera, la cual se instaló a sangre y fuego durante la última dictadura militar y oligárquica, para afianzarse en los años noventa con el menemismo y a la cual, ahora, nuevamente hemos regresado. 

La comprensión del problema nacional implica el reconocimiento de nuestra condición de país dependiente de los poderes económicos del capitalismo financiero mundial, pese a los atributos formales de soberanía política. El reconocimiento de la dependencia económica y de la falta de autodeterminación nacional a causa de la opresión imperialista, es la clave para la conciencia de los pueblos de la necesidad de luchar por su liberación nacional, tanto en lo político como en lo económico y financiero.

La cuestión nacional atraviesa la vida de los sectores populares desde el origen histórico de nuestro país y de Latinoamérica, alrededor de la cual las luchas sociales adquieren su sentido real. Ni las luchas sociales, ni las gremiales que desarrollan los trabajadores por sus derechos y reclamos concretos, ni las de los diferentes movimientos sociales, ni las de los derechos humanos, incluidas las reivindicaciones de género y por la igualdad de las mujeres, pueden desarrollarse plenamente si al mismo tiempo no se avanza en forma decidida sobre la cuestión nacional. Pues las libertades, individuales y colectivas, solo pueden hallar plena expresión en el contexto de una nación soberana y capaz de autonomía en sus decisiones. La fuerza del movimiento nacional radica justamente en la capacidad de unir todas estas luchas y encolumnarlas detrás del gran objetivo nacional de la liberación. 

¿Qué es el movimiento nacional?

La historia de nuestro país ha estado marcada por las luchas sociales libradas para alcanzar la organización nacional con mayor justicia y soberanía. Al modelo agroexportador, oligárquico y dependiente se le ha contrapuesto otro basado en el desarrollo productivo con eje en el mercado interno, integrador de todas las regiones, con criterio de unidad latinoamericana y autonomía frente a las potencias imperialistas. Ese fue el anhelo que estuvo presente en las luchas de los pueblos del interior por el federalismo, a través de ejemplos sobresalientes tales como los caudillos Felipe Varela y Chacho Peñaloza, en el siglo XIX. 

La resistencia y búsqueda de una alternativa de liberación por parte de los diferentes sectores sociales perjudicados por la falta de independencia económica y la subordinación al imperialismo, genera movimientos políticos de emancipación nacional. Se trata de alianzas formadas a partir de la concurrencia en un mismo frente político de distintos sectores sociales cuyo punto de coincidencia es la condición de oprimidos por la política imperialista y, en lo económico, su vínculo vital con el mercado interno. Allí confluyen desde la pequeña burguesía urbana y rural, comerciantes, docentes, empleados públicos, productores industriales medianos y pequeños, empleados, hasta sectores populares –trabajadores desocupados, de la agricultura familiar, economía popular, campesinos, indígenas– sectores progresistas de la Iglesia y los nacionales del ejército, y el propio movimiento obrero y sus organizaciones. 

No se trata de un partido político, ni burgués ni obrero, sino que es un frente cuya amplitud se explica por intentar reunir la mayor cantidad de fuerza posible para lograr sus fines de liberación nacional. También, la falta de organicidad lo torna vulnerable e inestable, y esa misma heterogeneidad es la principal causa de las tensiones y disputas constantes en su interior por influir en la dirección política, siendo estas un factor de riesgo para su sostenimiento. 

La posibilidad de desarrollo de los movimientos nacionales, por lo general conducidos por un liderazgo fuerte y con tendencia verticalista, se vincula al contenido social que la dirección política vaya adquiriendo, de acuerdo a si se apoya más en las organizaciones de los trabajadores o en los sectores burgueses. La tendencia a la conciliación con los sectores oligárquicos y el capital extranjero por parte las burguesías industriales locales es el factor de debilidad del movimiento nacional. La medida de su fortaleza para confrontar con tan poderosos adversarios está dada por el mayor conciencia nacional, nivel de organización y protagonismo en la dirección política que vayan adquiriendo las organizaciones de los trabajadores. Aunque la realidad no clame por la idea, es importante tener en cuenta, como lo afirmaba Juan José Hernández Arregui, que solo en la clase trabajadora es posible encontrar las fuerzas sociales "más consecuentemente nacionales". 

Una posición de izquierda en Latinoamérica significa asumir el objetivo socialista al mismo tiempo que se lucha por la liberación nacional, apoyando, en consecuencia, al frente nacional aunque el planteo de éste no sea superar las relaciones de producción capitalistas. Por esto mismo sostenemos la consigna de "golpear juntos y marchar separados", en el sentido de que la prosecución del socialismo nacional y latinoamericano obliga a mantener una posición política y organizativa autónoma dentro del frente nacional, de acuerdo con los planteos de Lenín en la Tercera Internacional y siguiendo de cerca las transformaciones democráticas, de desarrollo de las fuerzas productivas y antiimperialistas para que, en forma combinada e incesante, se profundicen en un mismo proceso histórico potenciando los cambios estructurales. Esta tesis de la revolución permanente señalada por Trotsky, lo llevó a reivindicar las medidas de Lázaro Cárdenas en el México de 1938, de reforma agraria, de nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles, que golpearon la presencia imperialista en ese país, aunque sus objetivos no fueran la transformación socialista.

La historia latinoamericana es rica en el surgimiento, en el siglo XX, de movimientos nacionales, como fue el caso del peronismo, del varguismo en Brasil y, en Bolivia, Ecuador y Perú, con el MNR y el gobierno de Velasco Alvarado respectivamente. Tanto el yrigoyenismo como el peronismo, en épocas históricas diferentes, expresaron las luchas de nuestro pueblo para avanzar en la autodeterminación y la soberanía nacional, a partir de una alianza social cuyo punto de aglutinamiento era el enfrentamiento político con la oligarquía y la opresión imperialista, con sustento en los trabajadores y sectores populares y alrededor de figuras políticas centrales y fuertes, como lo fueron Yrigoyen y –especialmente– Perón. 

El yrigoyenismo y el peronismo trazaron la senda nacional y democrática. Uno, con modificaciones progresivas en la distribución de la renta agraria extraordinaria, usufructuada hasta entonces con exclusividad y de forma parasitaria por la oligarquía terrateniente, y con una política exterior de autonomía latinoamericana; mientras que, en el caso del peronismo, con un nacionalismo popular basado en la apropiación de una parte de esa misma renta y en la dirección estatal de las áreas estratégicas de la economía nacional, tales como el sistema financiero, el comercio exterior y mediante la creación de empresas estatales. En el siglo XXI sobresalió el caso de Venezuela con Hugo Chávez, y el kirchnerismo ha sido una renovada expresión de esa histórica política nacional y democrática, con una propuesta de inclusión social, redistribución de la riqueza y autonomía regional frente a las potencias dominantes. 

¿Qué fueron los gobiernos kirchneristas de 2003 a 2015?

Durante el menemismo se impuso un modelo de especulación financiera, de libre importación en perjuicio de la industria nacional y de convertibilidad monetaria, renunciando a la facultad de manejar el tipo de cambio y la emisión monetaria, mientras se financiaba la creciente fuga de capitales y se incrementaba el endeudamiento externo. Nada de lo que debió ser estatal quedó en manos del Estado, parafraseando al ministro menemista Roberto Dromi, tradicional abogado del capital extranjero. Esta política condujo al país a la crisis económica y social más grave de nuestra historia, que estalló durante el gobierno del radical De la Rúa, con los niveles más altos de desocupación y pobreza hasta entonces registrados.

Los gobiernos kirchneristas expresaron -después de treinta años- una política nacional, por la cual se sustituyó, aunque con límites, el modelo de especulación por uno de carácter productivo con eje en el crecimiento del mercado interno, emparentándose con la línea marcada por los movimientos nacionales. Sus logros, aunque conocidos, deben ser recordados por ser lo mejor que los argentinos hemos vivido desde el último gobierno de Perón, en cuanto a la justicia social y en el camino de la autodeterminación nacional y de la unidad regional, aunque en condiciones económicas, políticas y geopolíticas muy diferentes y más adversas en relación a las vigentes en 1945. 

Los márgenes para una política nacional y popular fueron, en 2003, muy escasos por el debilitamiento de la clase trabajadora y las organizaciones sindicales, la destrucción de la industria nacional, la fortaleza del colonialismo cultural sostenido por los multimedios, la crisis política de los grandes partidos que encarnaron al movimiento nacional (el justicialismo y el radicalismo) y el debilitamiento del Estado en relación a los grandes grupos económicos y financieros. La defensa del interés nacional se expresó en la disputa contra los fondos buitres, el distanciamiento de las directivas del Fondo Monetario Internacional y el desendeudamiento externo, los límites a la fuga de capitales, la regulación del tipo cambio y del sistema financiero a través de un Banco Central activo y sin la falsa autonomía proclamada por el liberalismo conservador (¡autonomía del interés nacional, en verdad!), la redistribución del ingreso, el incremento del salario y el aumento de la participación de los trabajadores, el crecimiento con base en el ahorro interno y la reindustrialización, junto con el impulso a la conformación de un bloque latinoamericano y el rechazo al ALCA. El alejamiento de las directivas del FMI y la recuperación del sistema previsional golpearon al capital financiero y dieron crecientes niveles de autonomía al Estado, al igual que la adquisición del paquete accionario mayoritario de YPF.

A la vez, la política a favor de los trabajadores y el crecimiento del mercado interno permitieron que la CGT y los sindicatos recuperaran su fortaleza a partir del aumento de la afiliación y de la capacidad de reclamar frente a las patronales, mediante la reinstalación de las paritarias y con ello la mejora del poder adquisitivo de los salarios. Esto último fue un gran legado kirchnerista, que hoy opera como la auténtica pesada herencia para las políticas destructivas del oficialismo. Un ciclo que fue nacional por los niveles de autodeterminación alcanzados, y democrático por la prosecución de objetivos de igualdad social y la política a favor de los derechos humanos, en un marco general de ampliación de derechos. 

El ciclo kirchnerista aparece, entonces, a los ojos de la clase dominantes como una insolencia de un pueblo que, en 2002, parecía hundido y derrotado frente a los poderes extranjeros. El kirchnerismo fue consolidando su consenso social y consiguió el apoyo mayoritario a partir de superar el 22% de votos logrados en 2003, llegando al 40% en 2007 y alcanzando el 55% en 2011. Su acción de gobierno provocó la reacción de las patronales agropecuarias en 2008, en alianza con los mulimedios, apenas iniciado el segundo gobierno, y tuvo el mérito de poner en evidencia la real divisoria del escenario político, presente a lo largo de nuestra historia, en dos bloques bien nítidos: el nacional y el antinacional.

¿Por qué se interrumpió el ciclo nacional democrático kirchnerista?

Al igual que el yrigoyenismo y el peronismo en sus etapas finales y otros movimientos nacionales en el continente, el kirchnerismo tampoco estuvo exento de presentar rasgos de agotamiento y necesidad de superación por medio de un programa de transformaciones estructurales y de perfil popular, con sustento principal en la clase trabajadora, que no pudo o no supo encarar. Esto se expresó tanto en los aspectos organizativos como en los programáticos. 

De lo primero dieron cuenta las dificultades para ensanchar la base social del movimiento político y el distanciamiento con el movimiento obrero y otras organizaciones sociales de base, lo cual debilitó su proyección política hacia la consolidación de la mayoría que se había alcanzado en 2011. Este sesgo se acentuó durante el tercer gobierno, en el cual su política económica puso el foco en sostener la capacidad de consumo de los sectores medios y bajos. Las transferencias sociales como la AUH (asignación universal por hijo), la moratoria previsional que proporcionó jubilaciones a quienes no habían podido aportar, las tarifas subsidiadas, el aumento del salario mínimo, vital y móvil también fueron esfuerzos consistentes por sostener el consumo popular. Igualmente que Precios Cuidados, mientras que la negociación colectiva continuó activa y en general los salarios y las jubilaciones empataron e incluso ganaron a la inflación. Esta política que benefició a los sectores populares no tuvo igual correlato en el nivel organizativo de las fuerzas nacionales. Se advierte, entonces, que hubo un insuficiente avance en el desarrollo organizativo a nivel político de la clase trabajadora, en relación al sentido progresivo de la gestión gubernamental desarrollada, lo que hubiera permitido una mayor acumulación de fuerza posible frente a los poderes concentrados, tal como las circunstancias históricas lo requerían para poder cumplir los objetivos de un programa de liberación. Pero la tarea era difícil.

Un punto de inflexión fue la pelea desatada entre la jefatura política y el secretario general de la CGT, en donde ambas partes mostraron una actitud inflexible y reñida con la prosecución del objetivo de consolidar el frente nacional, y que derivó en el aislamiento político y desvarío ideológico del moyanismo –azuzado además por actitudes más propias de la misoginia que de una teoría de acción política– y el debilitamiento de la base de sustentación del kirchnerismo. Esas divisiones internas solo beneficiaron a la estrategia de la reacción. 

Por su parte, los sectores medios, como ha ocurrido recurrentemente en nuestra historia política, fluctuaron durante estos años, sin dirección política propia ni conciencia nacional sólida, entre su apoyo al kirchnerismo, y a fuerzas políticas contrarias como la alianza Cambiemos, haciendo, en este caso, seguidismo de los sectores dominantes. 

El liderazgo del kirchnerismo era ejercido a partir de una división de roles entre la Presidenta Cristina Fernández, a cargo de la acción de gobierno, y Néstor Kirchner, encargado de la organización del frente nacional. Sin lugar a dudas, el repentino fallecimiento de Kirchner no solo significo un golpe anímico sino especialmente afectó esa división de tareas, recayendo todo en las espaldas de Cristina. Unas semanas antes, Néstor Kirchner se había pronunciado por la necesidad de avanzar en un frente policlasista, durante el acto de lanzamiento de la juventud sindical en el Luna Park, al que habían concurrido los más importantes dirigentes sindicales. 

Respecto del aspecto programático debe señalarse la insistencia en confiar excesivamente en el alto empresariado para que cumpliera su fallido rol de burguesía nacional, y en la intención de fomentar el aumento del consumo, sin avanzar en cambio en medidas capaces de transformar la estructura económica del país, tanto en el sistema financiero, como en el comercio exterior y el diseño del desarrollo productivo. 

Las reivindicaciones sociales y políticas han sido muchas y muy valiosas, y ello permite caracterizar la etapa kirchnerista como un proceso de democratización social, pero sin avanzar en modificaciones en la estructura de las relaciones de producción, que continuaron, en esencia, hegemonizadas por el poder económico concentrado. 

Al igual que el peronismo histórico, el kirchnerismo –a su manera– intentó recrear esa política de conciliación social con eje en el mercado interno, mediante la concurrencia del sector empresarial y de los trabajadores, pero en condiciones históricas y económicas muy diferentes –y más adversas– que las originales. Hoy, el capital se encuentra fuertemente concentrado en la mayor parte de las ramas y extranjerizado en las áreas vitales (petróleo, gas, automotriz, siderurgia, etc.), mientras que la clase trabajadora viene de ser duramente golpeada por las políticas liberales impuestas desde la última dictadura militar y profundizadas por el menemismo, por la caída del salario real, el aumento de la desocupación y la flexibilización laboral. 

Además, la supremacía del sector financiero como expresión directa de la presión imperialista en el país, es un obstáculo para un pacto social basado en el mercado interno. El sector que mayor ganancia obtuvo en el período kirchnerista fue, justamente, el financiero, aunque en mucho menor medida que en la actualidad, ya sin las regulaciones que limitaban fuertemente la fuga de capitales que hoy desangra al país. 

En síntesis, las dificultades para controlar la economía nacional por parte del Estado en las condiciones en que el kirchnerismo recibió el país, han sido un obstáculo para reeditar la vieja fórmula del pacto social, sin avanzar previamente en transformaciones estructurales. 

Para dar otro ejemplo, mientras se aumentaba el salario de los trabajadores y se avanzaba en la redistribución social con medidas como la AUH, los sectores concentrados de la economía sacaban provecho del mayor consumo interno mediante el incremento de los precios, apropiándose de una parte del ingreso de los asalariados por vía de inflación, sin que medidas como Precios Cuidados –a pesar de sus buenos resultados– fueran suficientes para impedirlo. 

Estas limitaciones determinaron también la falta de respuesta adecuada a los problemas coyunturales que se fueron presentando, como el mal denominado cepo cambiario, la restricción externa y la inflación, que no fueron sino la expresión de problemas estructurales que causaron un estancamiento de la gestión de gobierno y generaron su paulatino desgaste. El ahogo externo por insuficiencia de divisas ha puesto límites repetidamente –aun durante el primer peronismo– a las políticas de crecimiento de la industria y de ampliación del mercado interno: estos límites son difíciles de superar sin avanzar en una mayor integración de la estructura productiva bajo la dirección del Estado. La grave crisis económica internacional, con la caída sostenida de los precios de las materias primas exportables y la merma de las ventas de los automóviles a Brasil, terminaron de acotar los márgenes de acción del ciclo kirchnerista. 

La falta de una política de comunicación contra hegemónica, más allá de la tarea importante de algunos equipos de periodistas, limitó la capacidad de respuesta ante la concertada ofensiva opositora de los multimedios que, al igual que en otros países de la región, tenía el fin de desestabilizar, a partir de crear malestares en torno a cuestiones como la regulación cambiaria, la suba de precios y la inseguridad.

Por otro lado, el tercer gobierno estuvo marcado, desde su origen, por el problema de la sucesión presidencial, que planteaba la alternativa de proponer una nueva reelección de CFK o la proyección de un nombre diferente. Lo primero implicaba avanzar en una reforma constitucional que, pese a la propuesta de algunos sectores, se declinó inmediatamente por parte del mismo gobierno. Lo segundo se hizo de manera confusa, bajo la abstracta consigna de que el candidato era el proyecto y por una decisión que parece haberse tomado recién en el transcurso de los últimos meses de gestión, como lo fue la nominación de Daniel Scioli. Más allá de la discusión sobre este punto, lo cierto es que parece no haberse considerado que la continuidad del proyecto nacional dependía del requisito de garantizar la sucesión presidencial.

De esta manera, tal vez desde el kirchnerismo no se calibró suficientemente el tremendo poder de las oligarquías y el interés geopolítico de Estados Unidos y Europa en caerle encima a nuestro país, “ese mal ejemplo” para el capital financiero. Tampoco parece haberse previsto el tremendo daño producido por el fuego del odio y la mentira mediática, en especial en sectores medios urbanos proclives a considerarse ajenos a un destino colectivo y nacional, pese a que fueron, como dijimos, beneficiarios de la gestión de gobierno. Nuestro país se había convertido a partir de la recuperación del ahorro interno, el mercado nacional y el desendeudamiento, en un extraordinario botín para el capital financiero imperialista, lo que explica la velocidad y dimensión de la actual rapiña.

Fin de la Primera Parte.

La redacción del documento estuvo a cargo de Horacio Chitarroni y Javier Azzali.

[1] Imperio, de Negri y Hardt.

Segunda Parte del trabajo: http://vagosperonistas.blogspot.com.ar/2017/09/segunda-parte-de-bases-para-el.html